La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de la Secretaría de Educación Pública y validó el acuerdo que flexibiliza los criterios de evaluación y acreditación en educación básica, una decisión que impactará directamente a millones de estudiantes de primaria y secundaria en el país.
El fallo surge tras un amparo promovido por el Colegio El Roble, institución privada que buscaba conservar la facultad de reprobar alumnos que no cumplieran con ciertos requisitos académicos y de asistencia. Sin embargo, la Corte determinó que el acuerdo emitido por la SEP se mantiene vigente y es constitucional.
La resolución fortalece el modelo educativo impulsado por la llamada Nueva Escuela Mexicana, que prioriza la permanencia escolar, la evaluación formativa y los procesos de regularización antes que la reprobación automática.
Qué cambia con el acuerdo validado por la Corte
El Acuerdo 10/09/23 establece que en preescolar y primer grado de primaria habrá promoción automática, sin tomar como factor definitivo las calificaciones o el porcentaje de asistencia.
Para el resto de los niveles de educación básica, el esquema elimina el requisito obligatorio del 80% de asistencia y permite mecanismos de regularización para estudiantes con materias pendientes. Aunque no desaparece completamente la posibilidad de no acreditar contenidos, la reprobación deja de ser la regla central del sistema.
La SEP argumentó ante la Corte que el objetivo del acuerdo es garantizar el derecho a la educación y evitar que factores sociales, económicos o extraordinarios provoquen deserción escolar.
Ministros de la SCJN respaldaron la idea de que la educación de excelencia no debe limitarse únicamente a evaluaciones numéricas o controles de asistencia, sino contemplar procesos integrales de aprendizaje.
Debate político y educativo tras la decisión
La resolución ya abrió un nuevo frente de debate entre especialistas, docentes y escuelas privadas. Mientras sectores cercanos al modelo educativo federal consideran que la medida combate rezagos y exclusión escolar, críticos advierten posibles efectos en el nivel académico y en la cultura del esfuerzo dentro de las aulas.
El fallo también representa un respaldo político para la estrategia educativa del actual gobierno federal, que en los últimos años impulsó reformas enfocadas en evaluación cualitativa, inclusión y permanencia escolar.
Con la decisión de la Corte, el acuerdo de la SEP adquiere mayor solidez jurídica y será aplicable tanto en instituciones públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.
La discusión ahora se trasladará al terreno político y pedagógico, donde el debate sobre calidad educativa y promoción automática apenas comienza.
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