La Agencia Central de Inteligencia (CIA) continúa operando en México. La confirmación de la muerte de dos agentes el fin de semana en Chihuahua suma un punto más a la tensión diplomática entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, además de exhibir un desconocimiento por parte del gobierno federal y estatal sobre las actividades de la agencia en el país.
El gobierno mexicano debía estar enterado de las actividades de funcionarios extranjeros, al menos ése era uno de los puntos centrales establecidos en la colaboración del Entendimiento Bicentenario, el acuerdo que sucedió a la Iniciativa Mérida y que se logró luego del episodio por la detención y posterior liberación del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
Proceso documentó en su edición 2344, publicada en 2021, que se tenían que entregar reportes de actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Como parte del Entendimiento Bicentenario, y aunque esto ya se hace desde abril último, todos los agentes federales estadunidenses que se encuentren en México, y sin excepción, entregan a la SRE un informe mensual sobre sus actividades y desplazamientos en el territorio nacional. El incumplimiento de este requerimiento sustentado en las nuevas leyes de seguridad mexicanas implica su expulsión del país”, detalló una fuente diplomática al corresponsal J. Jesús Esquivel.
Pero lo ocurrido el domingo 20 de abril en la sierra de Chihuahua ha desatado una crisis diplomática al revelarse que los estadunidenses muertos eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina del martes que el gobierno federal desconocía por completo la presencia y participación de estos agentes en territorio mexicano.
“Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación, por parte de la Fiscalía, para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz las autoridades del estado de Chihuahua”, afirmó la mandataria.
Hasta el momento, la versión gubernamental refiere que dos funcionarios estadunidenses y dos investigadores de la Fiscalía General del Estado murieron cuando el convoy en el que viajaban regresaba de un operativo antidrogas en la sierra chihuahuense contra laboratorios clandestinos de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa.
Medios estadunidenses como The Washington Post, The New York Times y la AP confirmaron, citando fuentes de inteligencia, que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA adscritos a operaciones encubiertas contra cárteles, en el marco de la presión de la administración Trump por un mayor involucramiento directo en la lucha antidrogas.
La Embajada de Estados Unidos inicialmente los identificó sólo como “personal de la embajada” y lamentó las muertes, coordinando su repatriación.
Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadunidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.
La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas sobre el papel que desempeñaron.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadunidenses o para qué agencia del gobierno estadunidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”.
La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas.
La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el Ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.
A su vez, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ofreció versiones inconsistentes que la presidenta Sheinbaum calificó como un “cambio de declaración”.
Inicialmente Jáuregui aseguró que los estadunidenses eran “instructores” que impartían un curso de drones y que sólo se encontraron con el convoy de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) tras el operativo -en el que, según él, sólo participaron fuerzas mexicanas– o que pidieron un “aventón” para regresar a la capital.
Posteriormente rectificó, admitiendo la colaboración, pero sin aclarar el alcance.
Los mexicanos fallecidos fueron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. El vehículo en el que viajaban se desbarrancó alrededor de las 2:00 horas en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez y explotó.
El incidente renueva las tensiones inherentes al Entendimiento Bicentenario. Este marco bilateral prioriza la cooperación en inteligencia, persecución de redes criminales y prevención, pero insiste en el respeto a la soberanía y prohíbe acciones unilaterales o encubiertas de agentes extranjeros sin coordinación federal.
La reforma de 2020 a la Ley de Seguridad Nacional ya había limitado las actividades de la DEA, FBI y CIA en territorio mexicano, precisamente para evitar operaciones independientes.
El artículo 68 de la Ley de Seguridad Nacional establece que en “el marco de la cooperación internacional, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes conforme a los respectivos convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad”.
Una fuente diplomática consultada por Proceso reveló que el caso podría derivar en un extrañamiento formal a la Embajada norteamericana, pero se analizará hasta que el nuevo titular de la SRE, Roberto Velasco, regrese de su viaje en Bruselas, donde se reunió con funcionarios de la Unión Europea.
A esto se sumaría la exigencia de explicaciones al gobierno de Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos, quien no ha tenido comunicación con Presidencia.
Con información de Revista Proceso
Foto tomada de Facebook de la Fiscalía de Chihuahua
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