La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó responder sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la presión política y mediática derivada de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos.
Durante una conferencia relacionada con labores de búsqueda coordinadas por la Secretaría de Gobernación, la funcionaria fue cuestionada por reporteros sobre si el gobierno federal conoce la ubicación del mandatario estatal. Su respuesta fue breve: “¿Yo por qué?”, frase que rápidamente escaló en el debate político nacional.
El momento ocurrió mientras crece la tensión alrededor del caso Rocha Moya, luego de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Crece presión política sobre el gobierno federal
La reacción de Rosa Icela Rodríguez abrió nuevas críticas desde sectores de oposición y analistas políticos, quienes cuestionan la ausencia pública de Rocha Moya y el manejo político del caso por parte del gobierno federal.
Los reporteros insistieron en que, como responsable de la política interior del país, la titular de Segob debería mantener comunicación con el gobernador sinaloense. Sin embargo, la funcionaria reiteró que el tema ya había sido abordado previamente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Rodríguez evitó responder si ha intentado establecer contacto con Rocha Moya o si existe preocupación institucional sobre la estabilidad política y de seguridad en Sinaloa.
La evasiva se produce en un contexto especialmente delicado para Morena, debido al impacto político de las acusaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios cercanos al gobierno sinaloense.
Caso Rocha Moya mantiene tensión diplomática y judicial
El caso escaló desde finales de abril, cuando autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Rocha Moya y otros funcionarios, acusándolos de colaborar presuntamente con estructuras criminales ligadas al tráfico de drogas y armas.
Aunque el gobierno mexicano ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por Washington, el tema mantiene presión tanto en el plano diplomático como en la agenda interna de seguridad.
En semanas recientes, distintos funcionarios federales han evitado profundizar públicamente sobre el expediente, mientras la Fiscalía General de la República analiza la documentación enviada desde Estados Unidos.
La ausencia pública de Rocha Moya y las respuestas limitadas del gabinete federal continúan alimentando cuestionamientos políticos rumbo a los próximos meses, en un escenario donde Morena enfrenta desgaste por la crisis de seguridad y la presión internacional sobre el combate al narcotráfico.
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