La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con Rubén Rocha Moya y otros nueve señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La mandataria federal sostuvo que la medida forma parte de protocolos financieros derivados de las acusaciones abiertas en Estados Unidos y aclaró que la acción no implica todavía una sentencia o resolución judicial en México.
El caso escala la presión política sobre Morena y abre un nuevo frente de tensión entre el gobierno mexicano y Washington, luego de que fiscales estadounidenses acusaran a funcionarios sinaloenses de supuestamente colaborar con estructuras del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum afirma que no habrá protección política
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que su administración “no protegerá a nadie” en caso de comprobarse responsabilidades penales, aunque insistió en que las investigaciones deben sostenerse con pruebas legales y no únicamente con acusaciones mediáticas o políticas.
La presidenta explicó que el congelamiento ocurrió de manera preventiva por los mecanismos de colaboración financiera internacional y por las alertas activadas dentro del sistema bancario mexicano tras las órdenes judiciales emitidas en Estados Unidos.
En días anteriores, Sheinbaum había señalado que desconocía oficialmente si la UIF había ejecutado bloqueos financieros contra Rocha Moya y otros funcionarios relacionados con el caso. Sin embargo, este domingo confirmó que sí existió la intervención financiera y adelantó que la UIF emitirá información adicional.
El caso golpea políticamente a Morena
Las acusaciones provenientes del Distrito Sur de Nueva York colocaron al gobierno federal y a Morena en una posición de alta presión política y diplomática. El expediente incluye señalamientos por presunta protección institucional al narcotráfico, financiamiento ilegal y colaboración con operadores criminales en Sinaloa.
Aunque Rocha Moya ha rechazado públicamente las acusaciones y sostiene que se trata de un ataque político, el congelamiento de cuentas representa el primer impacto financiero concreto derivado de la investigación internacional.
El caso también reactivó críticas de la oposición, que exige investigaciones inmediatas, revisión de redes políticas en Sinaloa y posibles responsabilidades dentro de Morena. Mientras tanto, el gobierno federal intenta contener el desgaste político insistiendo en que las investigaciones deben desarrollarse conforme al marco legal mexicano.
La evolución del expediente podría convertirse en uno de los episodios políticos más delicados para la administración federal en materia de seguridad, relación bilateral con Estados Unidos y control interno dentro del oficialismo.
Foto: Presidencia de México
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