El pasado febrero de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, tras considerar que existen indicios sólidos de su participación en actividades delictivas y en la protección de células criminales dentro de la estructura estatal.
Bermúdez Requena, quien fue designado en 2019 por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco y ahora secretario de Gobernación, ha logrado mantenerse prófugo a casi seis meses de haberse librado la orden judicial, lo que evidencia las fallas sistemáticas en los mecanismos de seguimiento y colaboración entre las autoridades locales, nacionales y organismos internacionales.
Informes de inteligencia militar obtenidos desde 2021 advertían sobre los nexos de Hernán Bermúdez Requena con “La Barredora”, organización criminal que en su momento se vinculó con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dichos reportes señalaban la complicidad directa del exfuncionario en la logística y protección de operaciones de huachicol en la región del puerto de Dos Bocas, uno de los polos energéticos más sensibles del sureste mexicano. Se estima que esta red de robo de combustible generó pérdidas superiores a los 2 000 millones de pesos para Petróleos Mexicanos en menos de dos años, así como un incremento de la violencia en municipios como Cárdenas y Paraíso, donde la impunidad y la corrupción estructural han convertido al ciudadano común en víctima cotidiana.
A pesar de estas evidencias tempranas, el gobierno estatal mantuvo a Bermúdez Requena en el cargo hasta diciembre de 2024, e incluso después de que circularan versiones filtradas sobre la solicitud de colaboración de la Interpol para localizarlo en Brasil. La inacción de la administración de Adán Augusto López y la aparente falta de voluntad política para desaforar o destituir al funcionario en el momento oportuno ponen de relieve un fallo de origen: la cooptación del aparato de seguridad estatal por intereses criminales.
En este escenario, el papel de los medios locales adquiere una relevancia crítica. Grupo Cantón, el principal conglomerado mediático del estado de Tabasco, no ha publicado una sola investigación o columna de opinión que aborde los cargos contra Hernán Bermúdez Requena; su silencio sistemático se percibe ya como un escudo informativo al servicio de redes clientelares.
Durante el primer trimestre de 2025, mientras se conocía públicamente la existencia de la orden de aprehensión y se filtraban fotografías de los lugares donde se le podría estar ocultando, Grupo Cantón dedicó sus espacios editoriales a contenidos de entretenimiento y notas de corte político suave, evitando a toda costa profundizar en la gravedad del caso. Este mutismo mediático refuerza la impunidad y obstaculiza el escrutinio ciudadano.
La detención pendiente de Hernán Bermúdez Requena no solo esclarece el entramado criminal que ha permeado la estructura de seguridad en Tabasco, sino que también obliga a reflexionar sobre la relación entre el poder político y los intereses ilícitos.
En un estado marcado por viejas prácticas de corrupción y violencia, la investigación, captura y sanción de Bermúdez Requena constituirían un paso imprescindible para restaurar la confianza comunitaria en las instituciones y demostrar que, finalmente, nadie está por encima de la ley.
