Octavio Romero denuncia red delictiva en el Infonavit

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), denunció la existencia de una red delictiva al interior del Instituto que estafa a los derechohabientes en la que participan trabajadores, notarios públicos y constructoras para otorgar múltiples créditos para la misma vivienda. 

Indicó que en una revisión hecha al día de hoy y que no incluye once estados, se detectaron 12 mil créditos, sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces por año cada una. 

Detalló que este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión asciende a más de mil 200 millones de pesos. 

Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer porque hay que detenerlo: Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despacho y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. 

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«Con la revisión que llevamos al dia de hoy que incluye 11 estados del país se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año». 

Todo lo anterior, indicó Romero Oropeza, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. 

«Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda que hasta el momento de la revisión que no hemos concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos», denunció. 

En Palacio Nacional, el director general del Infonavit señaló que se han detectado otros casos más de corrupción. 

Uno de los casos es de la empresa Telra Realty, que en 2014 fue contratada por el Instituto para diseñar y operar plataforma para administrar soluciones vivienda de acreditados que cambiaron de lugar donde vivían. 

Detalló que se le contrató por un monto de 100 millones de pesos y la empresa tenía dos años para establecer plataforma. 

“Cuando se venció este plazo, la empresa no entregó servicio contratado, debió haber sido penalizada en ese momento por no cumplir; contrario a ello, no sólo no se le penalizó, sino que el consejo de administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos”, lo que sucedió en 2016, refirió el director del Instituto. 

“¿Cómo a partir de un contrato de 100 millones y un incumplimiento, en lugar de penalizar, le pagas 5 mil millones de pesos como indemnización?”, cuestionó. 

Con información de EL UNIVERSAL

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