La organización global que lucha por los derechos humanos, Amnistía Internacional, presentó este jueves un informe que ayuda a esclarecer la muerte de 49 civiles en Perú. Un informe que no pinta bien a la policía peruana ni al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
El documento lleva por nombre Racismo Letal, y detalla las ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. En este se documentan los hechos que sucedieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
El informe fue presentado el jueves por Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, otras autoridades de dicha institución; y Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, Puno.
Específicamente en las ciudades que tuvieron una mayor cantidad de heridos y fallecidos: Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), y también Lima, la capital.
Pero primero, un poco de contexto…
Las protestas antigubernamentales
El 7 de diciembre de 2022, empezaron marchas antigubernamentales , después de la destitución exrpés y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de autogolpe, y la sucesión de Dina Boluarte en el gobierno.
Las protestas comenzaron a darse en ciudades de todo el país, marcadas algunas veces por enfrentamientos con las autoridades de seguridad.
Lo curioso de estas marchas es que no todos luchaban por lo mismo. Algunos protestaban en apoyo de Castillo, mientras que otros pedían nuevas elecciones generales y la disolución del Congreso.
Las protestas duraron dos meses, por lo que el inicio de año en Perú se vio lleno de violencia y muertes. Para febrero de este año, el número de fallecidos había ascendido a 60 personas, entre manifestantes, civiles y un policía. (Los civiles que perdieron la vida fue por accidentes de tránsito debido al paro nacional).
Además, durante esta ola de violencia resultaron heridos 1,229 civiles y 580 agentes de la policía, según la Defensoría del Pueblo.
Todo ello causando indignación y dolor entre el pueblo peruano.
Los hallazgos de Amnistía
En estos meses, Amnistía Internacional realizó una extensa investigación sobre los hechos, analizando información audiovisual, examinando detalladamente las carpetas de la Fiscalía y certificados médicos, necropsias, y pericias forenses. Además, entrevistaron a familiares de las víctimas, funcionarios públicos, periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La institución global señala haber encontrado cinco hallazgos principales:
- Uso excesivo de gas lacrimógeno, y uso ilegítimo de armas letales. «La Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano utilizó fuerza letal y armas prohibidas para tareas de control del orden público de manera ilegítima, y la menos letal de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria».
- No fueron sucesos aislados, todo indica que fue una respuesta planeada. «Lejos de tratarse de incidentes aislados de exceso policiales y militares individuales, se apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada»
- Hubo sesgo racista en los ataques. «Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas»; ya que «el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima».
- Gobierno señaló de violentos a protestantes, pero no exigen rendición de cuentas a las autoridades. «La presidenta de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército».
- No hay rigor y eficacia en las investigaciones del estado. «Las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación».
Además, en 22 de las 23 necropsias a las que tuvo acceso la organización la causa de muerte fue notificada como «proyectil de arma de fuego». Pero en tres de ellos se encontraron perdigones de plomo, unos pequeños proyectiles redondos, concebidos para fines de caza. Algo que fue ocultado por la Policía.
«Los perdigones conllevan un gran riesgo de imprecisión, logran fácilmente penetrar la piel y no están concebidos para este tipo de funciones. Su uso en estos escenarios de protestas o manifestaciones debe prohibirse», destacan.
«Errores» y bloqueo de las investigaciones locales
Aunado a esto, las investigaciones penales realizadas en el país sudamericano resultan un poco sospechosas. Pues no solo ha habido un bloqueó de estas, también hubo errores en la cadena de custodia de pruebas clave.
En cuanto al bloqueo, a finales de marzo se decidió que todas las investigaciones penales se trasladaran a Lima. Esto justo en el momento cuando los militares estaban a punto de ofrecer sus declaraciones a los fiscales locales.
Y si eso les parece grave, hay algo peor: de acuerdo con información del reporte, se habría roto la cadena de custodia de pruebas claves.
«En Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca muchas balas se extrajeron de los cadáveres de los pacientes en los hospitales, pero se tiraron a la basura, se extraviaron o no se entregaron al personal de la Fiscalía». Sí, como lo leen, se tiraron a la basura o perdieron.
«El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal», concluyó la secretaria general de Amnistía Internacional.
