Las autoridades frenan órdenes de captura en contra de servidores públicos por el caso Ayotzinapa

El Estado frena órdenes de aprehensión en contra de funcionaros culpables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Las autoridades frenan órdenes de captura en contra de servidores públicos por el caso Ayotzinapa

El GIEI señaló que han frenado órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos relacionados con la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Esto evidencia las muy posibles relaciones de las autoridades con el crimen organizado.

Ángela Buitrago aclaró que fue específicamente la intervención política del estado la que frenó las órdenes de captura en contra de personas que participaron en los sucesos.

«Las autoridades tienen miedo a la verdad» y frenan órdenes de captura en contra de funcionarios públicos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Una de las personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está relacionada con los servicios de inteligencia y continua en su cargo. La experta dijo que todo esto se ha conoció a partir archivos técnicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Me reservaría el nombre por el tema de la ejecución de la orden de captura que no se ha hecho efectiva, pero sí pertenece a una institución de inteligencia, estuvo presente incluso el día de hechos 26 y 27 de septiembre en la calle Juan N. Álvarez, mientras desaparecían a los muchachos”, reveló Buitrago.

Al no emitirse las órdenes de captura, la penalista dijo que parece que se están «negociando cuestiones que entorpecen el acceso a la información y el ocultamiento de datos que puedan llevar a esclarecer el caso». 

“Yo pregunté hasta junio de 2023, y esa persona estaba laborando en instituciones. Desde ese punto, es una persona que tiene orden de captura y es parte del Cisen (ahora Centro Nacional de Inteligencia)…» expuso Buitrago.

Al igual que esa orden de aprehensión no ejecutada, existen otras de personas que todavía están en cargos públicos visibles desde hace más de un año; lo que implica que podrían manipular o desaparecer esa información.

¿Por qué la Fiscalía de la República obtuvo esas órdenes, a partir de las pruebas que el GIEI presentó, y no ha girado las órdenes de aprehensión?, se pregunta Buitrago. Todos los datos del sexto y último informe pasaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que fuera publicado.

Por otro lado, Carlos Beristain dijo que queda pendiente información que se ha solicitado desde hace un año, ya que existen transcripciones parciales donde se advierte el posible destino de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Al igual que Buitrago, afirmó que sí hay personas que participaron en el suceso y actualmente se mantienen en el servicio público, en distintas instancias, no solo de la fiscalía y “que han tenido capacidad de controlar ciertas partes”. 

“Por ejemplo, uno de los posibles inculpados, miembro de Guerreros Unidos, y que contaban con mucha información, fue ejecutado con 21 o 23 disparos, cuando iba a ser detenido, esto lo dijo el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas; alias “El Caderas” era un alto miembro y desde luego podía contar muchas de las cosas como por qué se hizo el operativo, qué policías participaron ahí, por qué le dieron 23 balazos en lugar de detenerlo“, expuso.

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