El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, fue aceptado como testigo cooperante por autoridades de Estados Unidos y ya comenzó a proporcionar información inicial dentro de la investigación federal que mantiene Washington contra funcionarios sinaloenses presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
La decisión del militar retirado marca un nuevo punto de presión política para el entorno cercano del gobernador sinaloense, luego de semanas de tensión diplomática entre México y Estados Unidos por las acusaciones presentadas desde Nueva York contra integrantes del gobierno estatal.
De acuerdo con reportes publicados este viernes, Mérida permanece bajo custodia estadounidense mientras avanza el proceso para definir un posible esquema de protección como colaborador de la justicia federal.
Washington endurece ofensiva contra funcionarios de Sinaloa
Las autoridades estadounidenses señalan a Gerardo Mérida de presuntamente colaborar con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, mediante filtración de información sobre operativos de seguridad y protección institucional a cambio de sobornos.
Según las investigaciones federales en Estados Unidos, el exsecretario habría recibido pagos mensuales para advertir sobre movimientos de fuerzas de seguridad y facilitar operaciones del grupo criminal.
La cooperación del exmando militar ocurre en medio de una ofensiva judicial que ya alcanzó a exfuncionarios de Finanzas, operadores políticos y mandos de seguridad vinculados con el gobierno de Sinaloa.
En paralelo, medios internacionales reportaron que la entrega voluntaria de Mérida sorprendió incluso dentro de círculos militares mexicanos, debido al alto perfil que mantuvo durante años en áreas de inteligencia y seguridad nacional.
Caso Rocha entra en nueva etapa política
La cooperación del exsecretario podría convertirse en un factor determinante dentro del expediente que autoridades estadounidenses integran contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluido el propio gobernador Rocha Moya, señalado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha insistido en que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para sustentar las acusaciones o activar procesos formales de extradición. Sin embargo, la colaboración de antiguos integrantes del círculo gubernamental modifica el escenario político y jurídico del caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido públicamente que no habrá protección para funcionarios implicados en delitos, aunque también cuestionó el manejo político y mediático del caso por parte de Washington.
Mientras tanto, en Estados Unidos continúan abiertas las investigaciones relacionadas con presuntas redes de protección política al narcotráfico en Sinaloa, un expediente que amenaza con escalar hacia nuevas detenciones y acuerdos de cooperación judicial.
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