La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso relacionado con la saxofonista y activista oaxaqueña María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2019, una decisión que volvió a colocar bajo presión al sistema judicial mexicano y a las instituciones encargadas de atender la violencia de género.
Tras conocerse el fallo, María Elena Ríos aseguró públicamente que “no perdió ella, perdió el sistema de justicia en México”, en referencia a la negativa del máximo tribunal para revisar amparos vinculados al proceso penal contra Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque.
El caso había llegado a la SCJN mediante una solicitud de ejercicio de facultad de atracción impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a las implicaciones jurídicas y al debate sobre posibles irregularidades procesales en Oaxaca. Sin embargo, el pleno de ministros decidió desechar el asunto tras una votación dividida.
La resolución también incluyó otros expedientes considerados de alto impacto nacional, entre ellos casos relacionados con el colapso de la Línea 12 del Metro y feminicidios de relevancia pública.
Persisten cuestionamientos sobre protección a víctimas
El caso de María Elena Ríos se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos sobre violencia ácida y tentativa de feminicidio en México, particularmente por las denuncias públicas de la víctima sobre presuntas redes de protección política y judicial en favor de los acusados.
Diversas organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos han señalado durante años que el proceso ha estado marcado por retrasos, amparos y decisiones judiciales controvertidas que han debilitado la percepción de acceso efectivo a la justicia.
De acuerdo con reportes recientes, uno de los principales puntos jurídicos que buscaba revisar la Corte estaba relacionado con la validez de resoluciones emitidas durante el juicio oral y las facultades de una jueza sustituta para modificar decisiones previas dentro del proceso penal.
La negativa de la SCJN ocurre además en un contexto donde el Poder Judicial enfrenta un creciente escrutinio político y social, especialmente en casos de violencia contra mujeres y delitos de alto impacto.
El caso mantiene presión política sobre el Poder Judicial
La reacción de María Elena Ríos volvió a viralizar el debate sobre impunidad, protección institucional y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género en México.
En redes sociales, activistas y figuras públicas cuestionaron que la Suprema Corte rechazara intervenir en un expediente considerado paradigmático para el país, mientras sectores jurídicos advierten que la decisión podría interpretarse como una señal de distanciamiento frente a asuntos de alta sensibilidad social.
El proceso penal continuará ahora en instancias locales y tribunales federales inferiores, aunque el caso mantiene atención nacional por las implicaciones políticas, judiciales y mediáticas que arrastra desde hace varios años.
La resolución de la SCJN podría además reactivar el debate legislativo sobre mecanismos de protección para víctimas y sobre los criterios de atracción en asuntos relacionados con violencia feminicida.
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