Dos semanas después del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre pasado en el Istmo de Tehuantepec, las causas del accidente siguen sin esclarecerse.
La tragedia dejó 14 personas muertas y 109 heridas, además de la suspensión total de operaciones de la Línea Z, una obra emblemática de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuyo costo final se elevó a cerca de 14 mil millones de pesos.
El descarrilamiento se registró en plena temporada vacacional, cuando uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó a un barranco de unos 50 metros de profundidad en la curva conocida como “La Herradura”.
A bordo viajaban 241 personas, muchas de ellas familias del istmo de Tehuantepec y de otras regiones del país. Entre las víctimas mortales se encuentran Camila, una estudiante de 15 años del Conalep de Salina Cruz, e Israel Gallegos, periodista oaxaqueño que viajaba con su esposa, recién casados.
Familiares de las víctimas, sobrevivientes y docentes coinciden en que se investiguen a fondo las posibles omisiones, fallas humanas, actos de corrupción o deficiencias en la infraestructura ferroviaria.
A lo largo de la ruta, incluso cerca del sitio del accidente, se observan durmientes en aparente mal estado, lo que ha incrementado las dudas sobre la seguridad de la obra inaugurada apenas hace dos años.
La respuesta inicial ante la emergencia recayó en gran medida en comunidades rurales cercanas, como Chivela, cuyos habitantes improvisaron rescates y camillas para auxiliar a los heridos en una zona de difícil acceso.
Mientras persiste el dolor por la pérdida y la tardanza oficial en informar a las familias, algunos sobrevivientes ya han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, al considerar que el accidente pudo ser consecuencia de negligencias y corrupción.
Con información de Latinus
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