El Partido Acción Nacional expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca y acompaña con respeto y solidaridad a las familias que hoy viven momentos de angustia y dolor.
A nombre de todas y todos nuestros integrantes, exigimos que se realice una reparación integral del daño y que se brinde atención médica y psicológica a las víctimas, con una indemnización justa e inmediata y se garantice acompañamiento permanente a sus familias.
Denunciamos que este accidente era evitable y tiene dos causas: corrupción e ineptitud que ocasionó una nueva tragedia donde 13 personas lamentablemente perdieron la vida. Desde hace años se documentó que en esta obra abunda la corrupción y el nepotismo, en el que, incluso, estuvo involucrado uno de los hijos de AMLO, Gonzalo, a quien se le encargó la supervisión de la obra, a pesar de carecer de las capacidades técnicas mínimas.
Aún permanece en la memoria colectiva el reciente descarrilamiento de una unidad del Tren Maya, suceso en el que se revivió la polémica por un audio en el que se escucha a quien se ha dicho es uno de los proveedores, Pedro Salazar, cercano a los hijos del ex presidente López Obrador, que también participó en la construcción del Corredor Interoceánico, reconocer que había pactado moches, y total cinismo se atrevió a decir que “ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”.
Ante estos hechos, en el PAN alzamos la voz para exigir:
Que una autoridad independiente investigue con profundidad las causas concretas de la tragedia, y una evaluación de la calidad que incluya estándares de seguridad y condiciones en que fue rehabilitada e inaugurada la infraestructura.
Demandamos que se suspenda el servicio de este corredor hasta que no se garantice plenamente la seguridad de los usuarios y tripulantes.
La realización de una auditoría de costos y contratos, que incluya revisiones acerca del uso de recursos públicos, empresas responsables y posibles sobrecostos.
Se determine quién operaba y mantenía la vía, con qué protocolos y si existieron alertas previas, para definir posibles sanciones administrativas, legales o políticas en caso de omisiones o negligencias, conforme a la ley.
Casos como este nos lastiman y no pueden seguir sucediendo, por lo que toda persona que resulte responsable de esta tragedia debe terminar en la cárcel.
México exige respuestas, apoyo a las víctimas y una investigación transparente y justa de parte de sus autoridades empezando desde la Presidencia de la República, señala el comunicado.
Ante ello, las y los mexicanos cuentan con Acción Nacional para defender el acceso a la verdad, la rendición de cuentas y garantizar nuestro derecho a la movilidad, con seguridad.
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