Las empresas del hombre más rico de México, Carlos Slim, de forma paralela, han obtenido contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por más de 52 mil millones de pesos.
Después de haber superado el primer tropiezo en su relación en el arranque del sexenio, provocado por las críticas de Slim hacia la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) -un megaproyecto del que era el mayor contratista-, el multimillonario se convirtió en una suerte de consejero especial de López Obrador, quien se reúne con frecuencia con el empresario para consultarlo sobre “la situación económica del país” y otros temas relevantes.
Según una revisión hecha por la revista Proceso en las bases de datos de contratos gubernamentales durante el presente sexenio, el multimillonario permaneció como uno de los principales contratistas del gobierno, como lo fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que sus empresas recibieron contratos por más de 125 mil millones de pesos.
Más allá de los contratos públicos, las empresas América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, la minera Frisco y la constructora IDEAL, todas de Slim – sus ingresos acumulados crecieron de 100 mil millones de pesos en cuatro años, pasando de un billón 22 mil millones de pesos en 2019 a un billón 119 mil millones de pesos en 2022.
El incremento del valor de las acciones de sus empresas desencadenó, a su vez, un aumento brutal de la fortuna personal de Slim, que pasó de 67 mil 100 millones de dólares en 2018 a 93 mil millones de dólares este año.
El monto volvió a colocar al mexicano entre los 10 hombres más ricos del planeta de la lista de Forbes.
En lo que va del sexenio, el gobierno federal entregó contratos de por lo menos 16 mil 769 millones de pesos -sin impuestos- a las filiales de América Móvil, Telmex, Uninet o Triara.
Grupo Carso, que aglutina las actividades comerciales -las tiendas Sanborns o Sears-, de construcción y de energía, sus ingresos se duplicaron entre 2018 y 2022 –de 96 mil 639 millones de pesos a 181 mil 538 millones de pesos- y su utilidad se creció en un 55% en el mismo lapso, al pasar de 28 mil 618 millones de pesos a 44 mil 359 millones de pesos.
Aunque la mayor parte de los ingresos de Carso provenga de las tiendas, la constructora Operadora Cicsa recibió grandes contratos del gobierno de López Obrador.
El mandatario anuló el NAIM, con todo y la obra multimillonaria de la terminal adjudicada a Cicsa, pero su gobierno compensó a la empresa con el tramo 2 del Tren Maya, por 18 mil 553 millones de pesos, así como otros 13 mil 906 millones de pesos 2019 por diversos contratos de Pemex, a los que se suman un nuevo contrato de 5 mil 886 millones de pesos celebrado en abril pasado.
Grupo Inbursa, la rama financiera del imperio de Carlos Slim -controla un banco, un seguro, una Afore y una inmobiliaria-, también ha vivido una buena racha en el sexenio, en el que el gobierno de López Obrador contrató a su filial de seguros por más de 5 mil 800 millones de pesos.
Proceso publica que la nueva amistad entre ambos hombres se tradujo en acciones concretas en mayo de 2021, cuando se derrumbó la Línea 12 del Metro capitalino en un tramo construido por la constructora Cicsa, de Slim, causando la muerte de 26 viajeros.
Los peritajes concluyeron que la obra emblemática de la administración de Marcelo Ebrard Casaubón tenía vicios de origen -los pernos mal instalados- y había sufrido deficientes labores de mantenimiento en la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo.
A pesar de que el derrumbe era una responsabilidad de la Ciudad de México, López Obrador tomó el caso y lo negoció directamente con Slim, con la prohibición expresa al gobierno capitalino de dar declaraciones al respecto.
El acuerdo al que llegaron el mandatario y el multimillonario se plasmó en un convenio firmado el 20 de octubre de 2021 entre Cicsa y el gobierno capitalino.
En este convenio, la empresa de Slim se comprometió a reconstruir la línea, a consolidar las partes mal elaboradas y a indemnizar a las víctimas, a cambio de una “cláusula de no responsabilidad”, a través de la cual la Fiscalía capitalina desechó cualquier pretensión de llevar la empresa ante la justicia por la deficiente construcción del tramo, que desembocó en la muerte de los usuarios del Metro.
Con información de Proceso
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