El supuesto decomiso de combustible asegurado en Guanajuato era un centro de abasto legal de Pemex y firmas globales con producto revisado por militares.
La versión de un golpe histórico contra el crimen organizado en Guanajuato perdió fuerza en cuestión de horas. La presunta incautación de 59 millones de litros de hidrocarburo en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José de Iturbide, respondió a una inspección oficial en un centro logístico privado que opera bajo el marco regulatorio del sector energético.
El operativo federal se originó tras el seguimiento a una pipa inspeccionada en julio pasado en la carretera de San Luis de la Paz. Sin embargo, la difusión posterior del caso en redes sociales por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato catalogó el predio como un punto de almacenamiento ilícito.
Especialistas del sector desmintieron esa acusación. En una entrevista radiofónica con el periodista Pepe Cárdenas, el consultor energético Gonzalo Monroy afirmó de manera tajante:
“No se trata de huachicol ni de una red criminal, sino de un centro logístico privado que opera con total legalidad para abastecer al Bajío”.
El analista detalló que la compañía intervenida no comercializa combustibles ni es propietaria del volumen resguardado: “El sitio funciona únicamente como una terminal de almacenamiento para terceros. Su labor se limita a rentar el espacio de sus 10 tanques a empresas privadas y no es dueña de la gasolina que almacena”.
La lista de clientes con contratos vigentes en esta planta incluye consorcios multinacionales como Shell, ExxonMobil, Marathon y Valero, así como PMI Comercio Internacional, la filial de Petróleos Mexicanos. En los tanques inspeccionados se resguardan gasolinas regulares, diésel y turbosina destinados a las operaciones diarias del Aeropuerto Internacional del Bajío.
Monroy descartó de raíz cualquier vínculo con el contrabando de energéticos, debido a la cadena de custodia que rige las importaciones: “el producto ingresa a México por ferrocarril tras ser revisado e inspeccionado directamente por las Fuerzas Armadas en las aduanas fronterizas”. La entrada en tren desde Estados Unidos cuenta con los pedimentos aduanales, los sellos de origen y la validación fiscal que supervisan los mandos castrenses en la frontera norte.
No es una instalación menor ni improvisada. Durante la crisis de desabasto de combustibles a principios de 2019, esta misma terminal de San José de Iturbide funcionó como punto neurálgico de descarga para mantener el suministro a las estaciones de servicio del centro del país.
El caso se encuentra actualmente en proceso de integración ante el Ministerio Público Federal. De acuerdo con las consultas legales del sector, una vez que las empresas acrediten las facturas timbradas ante el Servicio de Administración Tributaria, los pedimentos aduanales y los contratos de arrendamiento, el expediente deberá cerrarse.
Bajo este procedimiento, la autoridad ministerial estará obligada a levantar el aseguramiento de los 59 millones de litros, restituir las instalaciones y precisar públicamente la legalidad del hidrocarburo inmovilizado.
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