La plataforma Territorium Life quedó en el centro de una revisión institucional luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciara la conclusión anticipada del contrato para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura en línea, tras detectar anomalías durante el proceso.
UNAM analizará responsabilidades
La máxima casa de estudios informó que antes de determinar posibles acciones legales contra la empresa tecnológica se llevarán a cabo dos revisiones: una auditoría especializada en materia tecnológica y otra enfocada en el procedimiento administrativo de contratación.
El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, explicó que el objetivo de dichas evaluaciones será establecer con claridad qué ocurrió, identificar responsabilidades y contar con fundamentos jurídicos antes de tomar cualquier determinación.
“No existe interés en proteger a la empresa, pero tampoco en señalarla sin elementos legales”, señaló el representante universitario al referirse a la investigación.
Examen en línea involucró a más de 260 mil aspirantes
Durante la revisión del contrato con Territorium Life, el secretario administrativo Tomás Rubio detalló que el servicio contratado para los procesos de bachillerato y licenciatura representó un pago total de 69 millones 189 mil 760 pesos.
De ese monto, 27.2 millones de pesos correspondieron a la aplicación del examen para 103 mil 221 aspirantes de nivel bachillerato, mientras que 41 millones 907 mil 830 pesos fueron destinados a la evaluación de 158 mil 558 candidatos a licenciatura.
Aspirantes mantienen recursos legales por resultados
La UNAM indicó que esperará los resultados de las auditorías para definir si procede alguna reclamación económica contra Territorium Life, debido a que actualmente no cuenta con elementos jurídicos suficientes para imponer una sanción.
Asimismo, la institución señaló que los aspirantes tienen derecho a presentar amparos relacionados con el concurso de ingreso y la validación de sus puntajes, aunque aclaró que la resolución dependerá de las autoridades judiciales correspondientes.
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