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Sheinbaum niega refinerías clandestinas y redefine el caso del huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en México operen refinerías clandestinas y afirmó que los inmuebles asegurados recientemente por las autoridades corresponden a centros ilegales de procesamiento de combustible, una diferencia que, aseguró, es clave para entender la dimensión de las operaciones que combate el Gobierno federal.

La mandataria sostuvo que una refinería implica infraestructura industrial compleja y procesos técnicos de gran escala, mientras que los sitios detectados por las autoridades tienen una capacidad significativamente menor y funcionan como instalaciones para procesar hidrocarburos de manera ilícita.  

La precisión surge luego de que diversos reportes calificaran como «refinerías clandestinas» algunos inmuebles asegurados en recientes operativos contra el robo y procesamiento ilegal de combustibles. 

Gobierno busca evitar confusión sobre los aseguramientos

Sheinbaum explicó que el uso del término «refinería» puede generar una percepción equivocada sobre la naturaleza de los sitios intervenidos. 

Según la presidenta, las instalaciones localizadas corresponden a centros donde se realizan procesos ilegales sobre combustibles, pero carecen de la infraestructura tecnológica y la capacidad industrial que caracteriza a una refinería convencional. En ese sentido, insistió en que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y desarticular estas redes vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos.  

Además, respondió a cuestionamientos sobre la cercanía de instalaciones de seguridad con algunos de los predios asegurados, al señalar que las autoridades mantienen las indagatorias correspondientes y que los operativos forman parte de la estrategia federal contra el huachicol.  

Debate sobre el alcance del problema

Las declaraciones presidenciales llegan después de que el aseguramiento de instalaciones dedicadas al procesamiento ilegal de combustibles generara un amplio debate sobre la magnitud del robo de hidrocarburos en México y la capacidad de las organizaciones criminales para operar este tipo de infraestructura. 

Con este posicionamiento, el Gobierno federal busca diferenciar entre una refinería industrial y los centros clandestinos detectados durante los operativos, al tiempo que mantiene el discurso de fortalecimiento de las acciones de seguridad contra las redes dedicadas al tráfico y transformación ilegal de combustibles.  

El tema permanece bajo investigación por parte de las autoridades federales, mientras continúan los operativos para localizar nuevas instalaciones vinculadas con el procesamiento ilícito de hidrocarburos. 

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