La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) analizará la posibilidad de que México reclame una parte de los 15 mil millones de dólares que autoridades de Estados Unidos buscan confiscar a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la sentencia dictada contra el fundador del Cártel de Sinaloa.
El anuncio coloca nuevamente en el centro de la agenda bilateral uno de los casos de mayor impacto en la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, ahora con un componente patrimonial que podría abrir un nuevo frente jurídico entre ambos países.
FGR evaluará si México puede reclamar recursos
Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que será la FGR la instancia encargada de revisar los mecanismos legales disponibles para determinar si el Estado mexicano tiene derecho a participar en la recuperación de parte de los recursos derivados del decomiso.
La mandataria evitó adelantar una postura definitiva sobre la viabilidad del proceso y señaló que cualquier decisión deberá sustentarse en el marco jurídico nacional e internacional.
El posible decomiso forma parte de la sentencia emitida por un tribunal federal estadounidense contra Zambada, quien aceptó su responsabilidad en diversos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y enfrenta el aseguramiento de bienes valuados en aproximadamente 15 mil millones de dólares.
Un nuevo capítulo en la relación con Estados Unidos
El caso trasciende el ámbito judicial y se inserta en un contexto de creciente tensión diplomática derivada de la captura y posterior procesamiento de «El Mayo» en territorio estadounidense.
Desde su llegada al gobierno, la administración de Sheinbaum ha insistido en esclarecer las circunstancias en las que el líder criminal fue trasladado a Estados Unidos, al considerar que existen aspectos que aún deben ser investigados por las autoridades mexicanas.
Ahora, la posibilidad de que México busque acceder a una parte de los bienes confiscados añade un componente financiero a una relación bilateral que ya enfrenta desafíos en materia de seguridad, cooperación judicial y combate al crimen organizado.
Recuperación de activos, el reto jurídico
Especialistas consideran que los procesos de recuperación de activos derivados del narcotráfico suelen depender de acuerdos de cooperación internacional y de la acreditación del daño patrimonial sufrido por los países involucrados.
En ese escenario, la revisión anunciada por la FGR buscará determinar si existen elementos legales suficientes para que México participe en un eventual reparto de los recursos decomisados por las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, el gobierno federal mantiene abierta la ruta institucional para analizar el expediente, en un caso que continúa marcando la agenda política y de seguridad entre ambos países.
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