La solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quedó sin efectos luego de que los legisladores que impulsaron el procedimiento no ratificaron formalmente la petición dentro del plazo legal establecido por la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, informó que los promoventes contaban con tres días para cumplir con el requisito procesal, periodo que venció sin que acudieran a formalizar la solicitud. Como consecuencia, el expediente fue considerado inexistente para efectos legales.
El caso había sido impulsado por legisladores de Morena en Chihuahua, quienes acusaban a la mandataria estatal de presuntas irregularidades relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en operativos contra el crimen organizado realizados en territorio chihuahuense.
Tropiezo legislativo en medio de una confrontación política nacional
La cancelación del procedimiento representa un revés político para Morena en un momento de alta tensión entre el gobierno federal y la administración estatal encabezada por María Eugenia Campos.
Durante las últimas semanas, la mandataria se convirtió en una de las principales figuras de oposición al oficialismo tras la controversia generada por un operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses y que posteriormente derivó en investigaciones federales y acusaciones cruzadas entre ambos bloques políticos.
Aunque el juicio político ya no podrá avanzar bajo la solicitud presentada, la disputa entre Morena y el PAN permanece abierta. La gobernadora continúa señalando una presunta persecución política desde el ámbito federal, mientras que legisladores oficialistas han sostenido cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal en materia de seguridad y cooperación internacional.
El caso mantiene implicaciones políticas rumbo a 2027
Más allá del desenlace procesal, el episodio evidencia el nivel de confrontación que domina actualmente la relación entre gobiernos estatales de oposición y el bloque gobernante federal.
La fallida solicitud de juicio político también expone errores de procedimiento dentro de la estrategia legislativa impulsada por Morena, al tiempo que ofrece al PAN un argumento para fortalecer su narrativa de respaldo institucional a la mandataria chihuahuense.
Con el procedimiento oficialmente cerrado, el conflicto político se traslada nuevamente al terreno mediático, judicial y electoral, donde ambas fuerzas continúan posicionando el caso como parte de una disputa de mayor alcance rumbo a los procesos políticos de 2027.
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