S&P pone presión a Pemex y CFE por riesgo fiscal
La agencia calificadora S&P Global Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de calificación crediticia de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en una decisión que vuelve a colocar bajo presión la situación financiera de las empresas estratégicas del Estado mexicano.
El ajuste ocurre apenas un día después de que la misma firma modificó la perspectiva soberana de México, manteniendo la calificación en “BBB”, pero advirtiendo sobre un entorno de menor crecimiento económico, mayor presión fiscal y aumento en la deuda pública.
La señal de S&P no implica todavía una rebaja directa en la calificación de Pemex o CFE, pero sí abre la puerta a posibles recortes en los próximos 12 a 24 meses si las condiciones fiscales del país continúan deteriorándose.
En el caso de Pemex, la calificadora sostuvo que la petrolera mantiene problemas estructurales de liquidez, alto apalancamiento y una estructura de capital considerada “insostenible”.
S&P recordó que entre 2019 y 2025 el Gobierno mexicano destinó cerca de 69 mil 800 millones de dólares en apoyos financieros a la empresa estatal, una cifra que sigue pesando sobre las finanzas públicas federales.
Aunque la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum ha mantenido mecanismos de respaldo para Pemex, la agencia considera que la dependencia financiera de la petrolera respecto al Estado sigue siendo un factor crítico.
La calificadora mantuvo el perfil crediticio individual de Pemex en “CCC+”, un nivel altamente especulativo que refleja debilidad financiera y riesgos operativos persistentes.
Además, el escenario internacional tampoco favorece a México. S&P advirtió que la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la revisión futura del T-MEC podrían afectar el crecimiento económico y presionar todavía más las cuentas públicas.
En contraste con Pemex, S&P reconoce que la CFE mantiene un papel estratégico para el Estado mexicano debido a que controla la transmisión y distribución eléctrica nacional.
La agencia considera prácticamente seguro que el Gobierno federal respaldaría financieramente a la empresa en caso de estrés económico, debido a su importancia para la infraestructura energética del país.
Sin embargo, el organismo también alertó que el apoyo constante a las empresas estatales podría aumentar la rigidez fiscal y elevar el riesgo soberano de México.
La preocupación de fondo no se limita al desempeño operativo de Pemex y CFE, sino al impacto que los rescates financieros podrían tener sobre el déficit público y la deuda nacional en los próximos años.
La decisión de S&P representa un golpe político y financiero para la narrativa de estabilidad económica impulsada por el Gobierno federal.
Aunque México mantiene el grado de inversión, la perspectiva negativa envía una señal de cautela a inversionistas internacionales y mercados financieros sobre el manejo fiscal del país y la viabilidad financiera de sus empresas productivas del Estado.
El movimiento también ocurre en un momento en que la administración federal busca acelerar inversiones energéticas, fortalecer la soberanía energética y consolidar proyectos estratégicos de infraestructura.
Sin embargo, el mercado ahora observa con mayor atención la capacidad del Gobierno para sostener financieramente a Pemex y CFE sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
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