El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró que en México no existe una investigación abierta contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a las acusaciones y solicitudes judiciales impulsadas desde Estados Unidos.
Durante declaraciones públicas, el funcionario federal sostuvo que las autoridades mexicanas no cuentan con elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal contra el mandatario sinaloense, quien enfrenta señalamientos en cortes estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La postura del gabinete de seguridad ocurre en medio de una creciente presión política y diplomática derivada de las acusaciones formuladas por fiscales estadounidenses, las cuales han colocado a Sinaloa y al gobierno federal en el centro del debate nacional.
Gobierno federal cierra filas con Rocha Moya
La administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido una narrativa de respaldo institucional hacia Rocha Moya, argumentando que las acusaciones provenientes de Estados Unidos no han sido acompañadas de pruebas concluyentes dentro del marco jurídico mexicano.
En paralelo, la presidenta rechazó que exista una ruptura diplomática con Washington por el caso y defendió la postura soberana del gobierno mexicano frente a las investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses.
Sin embargo, el caso ya escaló al terreno político nacional. Legisladores del PAN promovieron solicitudes de juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa, mientras figuras de oposición acusan a Morena de intentar contener el impacto político del expediente abierto en Estados Unidos.
Caso Rocha reconfigura el escenario político rumbo a 2027
El expediente contra Rocha Moya comenzó a tomar fuerza tras las investigaciones relacionadas con “Los Chapitos” y las acusaciones sobre presunta protección política al Cártel de Sinaloa. Según documentos judiciales estadounidenses, el gobernador habría recibido respaldo electoral y favores políticos a cambio de protección institucional.
Aunque la Fiscalía General de la República no ha confirmado una investigación formal en territorio mexicano, el tema ya genera efectos políticos rumbo a las elecciones intermedias y a la sucesión estatal en Sinaloa.
El debate también impacta directamente en la narrativa de seguridad de la actual administración federal, particularmente en la estrategia encabezada por García Harfuch, quien ha sido uno de los principales operadores del combate al crimen organizado en el sexenio.
Mientras Morena insiste en la ausencia de pruebas válidas en México, la oposición busca convertir el caso Rocha en uno de los principales frentes de desgaste político para la llamada Cuarta Transformación.
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