La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas bancarias por meros indicios y sin orden judicial.
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propuso confirmar la reforma hecha en 2022, declarar que la facultad de la UIF tiene el carácter administrativo y no penal, señalar que existe el derecho de audiencia y ofrecer pruebas.
La propuesta fue aprobada por una mayoría de seis ministros; mientras que Yasmín Esquivel y los ministros Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero votaron en contra.
Estos tres ministros expresaron durante sus intervenciones sus dudas sobre la facultad de la UIF de incluir personas en la lista de bloqueados ante instituciones financieras cuando existan indicios de vínculos con el lavado de dinero o de financiar al terrorismo.
El ministro Figueroa Mejía cuestionó que las personas afectadas con esta medida sean las que estén obligadas a probar su inocencia ante la UIF «sin las reglas, tiempos ni garantías propias de un proceso penal».
«Aún cuando sea una medida útil para el combate al uso indebido del sistema financiero, tampoco por virtud de una norma redactada en forma deficiente podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios», explicó por su parte la ministra Esquivel Mossa.
La ministra Loretta Ortiz, ponente del asunto, defendió su proyecto ante los cuestionamientos de sus compañeros y afirmó que es necesario que la UIF tenga la facultad de bloquear cuentas bancarias de manera preventiva.
«Por disposiciones internacionales tenemos que tener instrumentos a nivel nacional para tomar las medidas adecuadas en el país», expresó.
Con información de Latinus
Foto: llustrativa/Cuartoscuro
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