Amigo de Andy asignó $12 millones a factureras ligadas a los Bermúdez Requena

Daniel Arturo Casasús, uno de los amigos más cercanos del secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de dos empresas que el SAT ha declarado factureras y de una tercera compañía vinculada, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Construagregados Hopelchen, una de las factureras contratadas por Casasús, ha tenido como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena, mientras que Comercio y Construcción de Tabasco -también en la lista negra del SAT- ha utilizado como domicilio un inmueble vinculado a ese mismo grupo familiar, según consta en documentos oficiales.

Los contratos a ambas compañías y a una tercera vinculada de nombre Coincisur SA de CV, los asignó Casasús en su función de Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco (SOTOP), cargo en el que fue nombrado en julio de 2024 por el actual gobernador Javier May Rodríguez. Las tres empresas que recibieron contratos forman parte de la red conocida como “La Barredora Guinda”, que MCCI dio a conocer el pasado 1 de febrero. 

Antes de integrarse como funcionario en el actual gobierno estatal, Casasús había sido secretario de Javier May, cuando éste fue titular de la Secretaría del Bienestar; posteriormente se desempeñó como delegado en Tabasco de la misma dependencia federal que concentra los programas sociales. 

Casasús es amigo de Andy López Beltrán desde la infancia y coincidentemente se integró al gobierno federal cuando López Obrador llegó a la presidencia. También pertenece al círculo de amigos del polémico contratista Amílcar Olán. 

Un yerno de Hernán Bermúdez en la dependencia que asignó contratos

Cuando los contratos fueron asignados a las factureras, Casasús tenía como su subordinado en la SOTOP a Pablo Jiménez Pons, yerno del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, preso por su presunta participación en el grupo criminal La Barredora. 

Jiménez Pons se desempeñaba como director de Planeación Sectorial y dejó su cargo a mediados de agosto de 2025. 

El 6 de diciembre de 2024, Casasús firmó contratos con Comercio y Construcción de Tabasco y con Construagregados Hopelchén, empresas que ya para entonces eran investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simulación de operaciones.

Un día antes, el 5 de diciembre, se suscribió un contrato con Coincisur, compañía que ha compartido domicilios, socios y apoderados con al menos otras cinco empresas de la red. 

En una investigación publicada el pasado 1 de febrero, MCCI reveló que Comercio y Construcción de Tabasco ha operado desde la plaza comercial Cascadas de Villahermosa, que es administrada por los Bermúdez Requena, mientras que Hopelchén ha tenido como apoderado legal a un empleado de la misma familia. 

Los tres contratos fueron para la construcción de aulas en las escuelas primarias “Blancas Mariposas”, “Tomás Garrido Canabal” y “Benito Juárez”; las dos primeras ubicadas en el municipio de Centro y la tercera en la ranchería Arroyo Hondo, de Comalcalco. 

Las adjudicaciones, por un monto total de 11 millones 914 mil pesos, fueron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y financiadas con recursos federales del Ramo 33, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades. Los recursos fueron transferidos a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas mediante convenios de coordinación. 

En uno de los procedimientos compitieron entre sí Hopelchen y a Comercio y Construcción de Tabasco, las dos empresas vinculadas que el SAT etiquetó como factureras. 

MCCI constató que las tres contratistas aportaron el mismo domicilio en la calle Tres 214, en la colonia Reforma de Villahermosa, que corresponde a un edificio donde hay al menos siete empresas de “La Barredora Guinda”. 

El procedimiento

El procedimiento que sigue el SAT para determinar si una empresa es señalada como “fantasma” suele iniciar entre cuatro y seis meses antes de que el contribuyente sea formalmente notificado de una presunta simulación de operaciones. 

Durante ese periodo previo, la autoridad fiscal cruza información correspondiente a ejercicios fiscales anteriores. Así, cuando una empresa es incluida de manera definitiva en el listado de simuladoras en un año determinado, la causa suele encontrarse en comprobantes fiscales digitales emitidos uno o dos ejercicios atrás.  

Una declaratoria definitiva en noviembre de 2025, por ejemplo (como ocurrió con una de las factureras de Tabasco), tiene su origen en facturación expedida durante 2024, tras un proceso de revisión iniciado meses antes. 

El eje del análisis del SAT son los comprobantes fiscales digitales (CFDI), que se cotejan en su correspondencia con la capacidad real de la empresa para realizar las operaciones que dice haber efectuado. Para ello, la autoridad fiscal contrasta la facturación con información de la Constancia de Situación Fiscal, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, los registros de declaraciones y pagos, el sistema de gestión registral y las bases de datos centrales de facturación electrónica, entre otras. 

Este procedimiento tiene sustento jurídico en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, mediante el cual el SAT puede presumir la inexistencia de operaciones cuando detecta que un contribuyente emite comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material suficientes, o cuando no es localizable en su domicilio fiscal.

En una primera etapa, el SAT emite un oficio individual de presunción que se notifica al contribuyente, a quien se otorga un plazo para presentar pruebas que desvirtúen la presunta simulación. Si no lo hace, es incluido en el listado definitivo de factureras. 

Ese patrón se observa en los casos contratados por el gobierno de Tabasco. En el de Construagregados Hopelchén, la notificación de presunta simulación se emitió el 12 de marzo de 2025 y la empresa fue incluida en el listado definitivo el 25 de noviembre del mismo año, tras no acreditar la materialidad de sus operaciones.  

En el caso de Comercio y Construcción de Tabasco, la presunción fue notificada el 12 febrero, la inclusión provisional ocurrió en abril y la declaratoria definitiva se publicó en octubre de 2025. 

En ambos expedientes, la revisión fiscal se concentró en CFDI emitidos en ejercicios fiscales anteriores (2023-2024), lo que confirma que la determinación del SAT de simulación de operaciones corresponde al periodo en el que se firmaron los contratos de obra pública en Tabasco. 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad envió un cuestionario a Daniel Arturo Casasús. Por medio de su cuenta de correo electrónico institucional se solicitó su postura ante este reportaje periodístico, pero hasta la publicación de esta investigación no hubo respuesta. 

Con información de MCCI 

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