Huachicoleo alcanza ahora a los sectores del azúcar y el camarón

Ya no sólo el huachicol fiscal o contrabando de combustibles, sino ahora también el azucarero y el camaronero socavan los ingresos del Estado. 

Además, MILENIO descubrió que incentivan las prácticas criminales, debilitan cadenas productivas, desplazan mercados legales y comprometen la seguridad: Energética, Alimentaria e Industrial.

El fraude en azúcares consiste en introducir supuestas mezclas alimenticias con hasta 98 por ciento de azúcar y cantidades mínimas de otros ingredientes para reclasificar los aranceles.  

Mientras que en el mercado del camarón se detectó el ingreso de mercancía reempaquetada, en cargamentos valuados en 6 mil millones de pesos. 

Así lo advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, al subrayar que tan sólo el mercado ilícito de gasolina y diésel provocó, el sexenio pasado, una afectación estimada de 28 mil 200 millones de dólares (unos 505 mil 900 millones de pesos) a Pemex y a Hacienda. 

Por ello, la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro acordó la creación del Grupo de Trabajo sobre el Código Fiscal de la Federación y Legislación sobre Comercio Exterior que, encabezado por Ramírez Cuéllar, se encargará de integrar las propuestas para combatir de manera integral ese tipo de fraudes fiscales y aduanales en México. 

En su análisis para MILENIO, el legislador detalló que el huachicol fiscal se configura al importar combustibles declarados como aditivos o lubricantes para evitar el pago de impuestos al momento de cruzar las aduanas del país. 

“Dado que el combustible se compra barato en el extranjero y se puede comerciar cerca del precio de la gasolina legal, la diferencia termina en manos de la red delincuencial y no en la hacienda pública”, argumentó Cuéllar.

Además, explicó que, al importar un litro de diésel, en las aduanas mexicanas se deben pagar 7.1 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) si se declara conforme a la ley. 

Pero para eludir dicho gravamen, las organizaciones criminales ingresan por tierra con pipas de hasta 60 mil litros de combustible, pero declarando otro contenido, con una ganancia de al menos 400 mil pesos por impuestos no pagados por cada unidad. 

“Si llega por mar, un sólo buque que contiene alrededor de 10 millones de litros de combustible y se introduce como huachicol fiscal representa, cuando menos, una ganancia de 71 millones de pesos por los impuestos evadidos”, señaló Ramírez Cuéllar. 

El diputado urgió por ello a diseñar una política pública integral y fortalecer el marco jurídico vigente mediante una serie de reformas. 

Entre ellas planteó una modificación al Código Fiscal de la Federación para equiparar la marcación de combustibles con la política de marbetes y precintos, además de mejorar la tipificación de los delitos fiscales. 

Con información de Milenio 

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