FGR va por imputación contra María Amparo Casar por pensión vitalicia de Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, tras haber recibido una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex) derivada del fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido en 2004.  

La acusación se centra en que dicho beneficio habría sido otorgado de manera indebida, al no tratarse de una muerte accidental.

De acuerdo con la carpeta de investigación ya judicializada, Casar deberá comparecer el 16 de diciembre ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se celebrará la audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández. La FGR sostiene que la pensión fue concedida bajo supuestos que no correspondían a la causa real del fallecimiento del exfuncionario de Pemex, quien se suicidó el 7 de octubre de 2004. 

La investigación formal comenzó el 5 de abril de 2024, luego de que Pemex presentó una denuncia contra María Amparo Casar y sus hijos. La empresa productiva del Estado argumentó que los pagos realizados por concepto de pensión post mortem, seguro de vida y otros beneficios carecían de sustento legal. 

Posteriormente, el 13 de mayo de 2024, la FGR informó públicamente sobre la existencia de la carpeta de investigación, al señalar que la muerte del exfuncionario fue catalogada inicialmente como accidental por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2005, versión que permitió el acceso a los beneficios económicos.  

Sin embargo, las indagatorias actuales sostienen que se trató de un suicidio, lo que habría cambiado las condiciones para el otorgamiento de la pensión. 

A partir de esta clasificación, la familia recibió más de 17 millones de pesos por concepto de seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión mensual cercana a 130 mil pesos para Casar y pagos adicionales de 15 mil 434 pesos mensuales para cada uno de sus hijos hasta cumplir 25 años y concluir sus estudios. 

En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que la petrolera inició diversas acciones legales para recuperar más de 31 millones de pesos, monto que consideró fue entregado de manera indebida.  

A raíz de la denuncia, Pemex suspendió el pago de la pensión, lo que derivó en una nueva disputa legal.

Frente a esta decisión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, en la Ciudad de México. En una primera resolución, el juez concedió una suspensión de plano, ordenando a Pemex reanudar el pago de la pensión mientras se resolvía el fondo del asunto. 

No obstante, según el expediente 1325/2025, el 25 de febrero de 2025 el juzgado determinó sobreseer el amparo, al considerar que la petrolera continuó realizando los pagos tras la suspensión provisional. Con ello, el juez dio por terminada la controversia sin pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión inicial. 

Fuentes federales señalan que actualmente Casar enfrenta tres procesos legales de manera paralela: uno en materia civil, otro administrativo y el más reciente en el ámbito penal, que ahora coloca el caso en una nueva fase judicial. 

Con información de Debate 

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