IEPS a bebidas azucaradas, entre recaudación y derechos ciudadanos

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La propuesta de aumentar el IEPS a bebidas azucaradas ha reavivado un debate que va más allá del ámbito económico.

En un país donde los impuestos suelen tener un trasfondo político, la medida no solo implica una posible alza en los precios, sino un cuestionamiento profundo al modelo fiscal mexicano y a la relación entre Estado, salud pública y derechos humanos.

Durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica, la Dra. Elba Jiménez Solares, profesora de posgrado en la FES Acatlán, advirtió que el incremento proyectado —de $1.64 a $3.18 pesos por litro— representa una afectación directa a los derechos fundamentales de los consumidores y contraviene principios establecidos en la Constitución Mexicana.

Una medida con sesgo social

Para la académica, la iniciativa parte de una intención legítima —reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar—, pero sus efectos son desiguales.

“No se trata solo de un ajuste fiscal, sino de un impuesto regresivo que castiga más a quienes menos tienen”, sostuvo durante la presentación del libro “Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extrafiscal?”, del cual es coautora.

El argumento central de Jiménez Solares radica en la violación del principio de proporcionalidad y equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, que establece que todos los mexicanos deben contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público.

En este caso, señaló, el IEPS afecta por igual a consumidores de distintos niveles de ingreso, lo que genera una carga desigual en términos reales.

Recaudación sin destino

La especialista también puso en duda la supuesta finalidad de salud pública con la que se justificó la creación del impuesto en 2014.

A más de una década, los resultados parecen contradecir el discurso; la prevalencia de diabetes aumentó de 9.2% en 2012 a 18.3% en 2022, lo que sugiere que el gravamen no ha tenido un efecto disuasivo en el consumo ni ha contribuido a la mejora de los indicadores sanitarios.

A ello se suma el hecho de que los recursos recaudados no están etiquetados para programas de nutrición o prevención, lo que, en palabras de Jiménez Solares, demuestra la ausencia de un verdadero fin extrafiscal.

“Se ha convertido en una herramienta de recaudación sin retorno social”, apuntó.

Impacto en la libre competencia

El debate, sin embargo, no se limita al terreno económico o sanitario.

De acuerdo con la académica, el incremento también podría afectar la libre competencia, lo que la llevaría a contravenir el artículo 28 constitucional, que prohíbe prácticas monopólicas.

En la práctica, explicó, el aumento del impuesto fortalece a las grandes corporaciones, como Coca-Cola, que pueden absorber los costos, mientras pone en riesgo la supervivencia de pequeños comercios y productores nacionales.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que más de 60 mil tienditas de barrio podrían desaparecer si la medida entra en vigor.

IEPS a bebidas azucaradas: Trasfondo constitucional

Desde el punto de vista jurídico, la Dra. Jiménez Solares recordó que cualquier política fiscal debe regirse por los principios de progresividad y respeto a los derechos humanos, establecidos en el artículo 1º de la Constitución.

En ese sentido, sostuvo que el aumento al IEPS no solo carece de fundamento extrafiscal, sino que vulnera el derecho al bienestar económico y social.

“No se trata de recaudar más; se trata de construir políticas públicas coherentes con el marco constitucional y con los derechos que el Estado debe garantizar”, concluyó.