Demandan a Trump por mal uso de poderes especiales para imponer aranceles a China

Ayer, la Nueva Alianza por las Libertades Civiles, organización sin fines de lucro, presentó la primera demanda contra el intento ilegal del presidente Donald Trump de exigir a los estadounidenses que paguen un fuerte arancel sobre todos los productos que importan de China.  

El presidente Trump impuso el arancel invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).  

Sin embargo, este estatuto autoriza acciones de emergencia específicas, como imponer sanciones o congelar activos, para proteger a los Estados Unidos de amenazas extranjeras. No autoriza al Presidente a imponer aranceles.  

En sus casi 50 años de historia, ningún otro presidente, incluido el presidente Trump en su primer mandato, ha intentado utilizar la IEEPA para imponer aranceles. La demanda de la NCLA no se opone a la declaración del presidente Trump de una emergencia relacionada con los opioides, pero sí se opone a su decisión de imponer aranceles en respuesta, sin autoridad legal para hacerlo. 

En representación de Simplified, una empresa con sede en Pensacola propiedad de la empresaria Emily Ley, la NCLA solicita al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Florida que declare ilegal el arancel de importación de China, anule el aumento reflejado en el arancel de EE. UU. y prohíba la implementación y el cumplimiento de este arancel.  

El nuevo arancel de China es perjudicial para Simplified, una empresa que mejora la vida de las mujeres vendiendo planificadores premium y otros productos de administración del hogar.  

El negocio de Simplified depende de la importación de materiales de China, y ya ha pagado aranceles sustanciales para comprar productos de China que no están disponibles aquí.  

La tarifa de «emergencia» la obligará a realizar pagos tarifarios más altos, lo que elevará sus costos y, por lo tanto, los precios para sus clientes, y reducirá sus ganancias. 

De conformidad con el artículo 1, párrafo 8 de la Constitución, el Congreso tiene la autoridad exclusiva para controlar los aranceles, lo que ha hecho mediante la aprobación de leyes arancelarias detalladas.  

El Presidente no puede eludir esas leyes invocando una autoridad de «emergencia» en otra ley que no menciona los aranceles. Su intento de usar la IEEPA de esta manera no solo viola la ley tal como está escrita, sino que también invita a la aplicación de la Doctrina de las Preguntas Principales de la Corte Suprema, que dice a los tribunales que no disciernan políticas de «gran importancia económica y política» en una ley sin la autorización explícita del Congreso.  

Si se sostuviera que la IEEPA permite esta orden ejecutiva, entonces el estatuto entraría en conflicto con la doctrina de la no delegación porque carece de un «principio inteligible» para limitar o guiar la discreción del presidente en la imposición de aranceles. NCLA se une a Bryan Gowdy de Creed & Gowdy, P.A. como abogado local en este importante caso. 

Por lo anterior, la NCLA emitió las siguientes declaraciones: 

«Al invocar el poder de emergencia para imponer un arancel generalizado a las importaciones de China que el estatuto no autoriza, el presidente Trump ha abusado de ese poder, ha usurpado el derecho del Congreso a controlar los aranceles y ha alterado la separación de poderes de la Constitución», afirmó  Andrew Morris, Abogado Principal de Litigios, NCLA 

«El poder constitucional de ‘establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y arbitrios’ y ‘regular el comercio con las naciones extranjeras’ pertenece al Congreso. Las acciones de la Administración no siguieron ninguno de estos mandatos constitucionales, y el estatuto que cita ni siquiera usa la palabra «arancel» o «impuesto». Esta ‘imposición’ ilegal debe caer», aseveró John Vecchione, Abogado Principal de Litigios, NCLA. 

«Ningún presidente anterior pensó que la IEEPA le permitiera establecer tarifas. La lectura de esta ley lo suficientemente amplia como para mantener el arancel a China transferiría un poder legislativo fundamental. Para evitar ese escollo de la no delegación, el tribunal debe interpretar la ley de conformidad con casi 50 años de práctica ininterrumpida y decidir que no permite la fijación de tarifas», manifestó Mark Chenoweth, presidente de la NCLA. 

Foto: AP

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