Los fraudes financieros cometidos por Humberto Garza González y su hijo Humberto Garza Garza, propietarios de Banco Ahorro Famsa, arrastraron por complicidad a miembros de su Consejo de Administración.
Un Tribunal Colegiado de Apelación vinculó a proceso a Jesús “N”, Roberto “N”, Sergio “N”, José “N” y Luis “N”. Se trata de Jesús Eduardo Muguerza Garza, Roberto Gutiérrez García, Sergio Deschamps Ebergenyi, José Gerardo Flores Hinojosa y Luis Gerardo Villareal Rosales.
Estas personas enfrentan acusaciones por permitir la inclusión de datos falsos en informes enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hace un par de días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como la Fiscalía General de la República, lograron que un Tribunal Colegiado de Apelación, revocara una determinación dictada por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cadereyta, Nuevo León y en su lugar decretó la vinculación a proceso en contra de estos consejeros.
“Los imputados improvisaron o mal usaron información y aportaron datos falsos en un informe rendido a la CNBV, en el que no incluyeron el reporte regulatorio, consistente en una aportación de dicho banco por cuatro mil 250 millones de pesos, al fideicomiso Promobien, una operación considerada entre partes relacionadas.
“La conducta realizada por los consejeros de Banco Ahorro Famsa S.A., contraviene disposiciones legales que obligaban a dicha institución financiera a informar al ente regulador de todas sus actividades y operaciones, lo cual afectó gravemente los intereses de sus ahorradores”, detalló la Fiscalía General de la República.
“Con estas acciones, el Estado ejerce su rectoría sobre el sistema bancario mexicano y da cumplimiento a la legislación en la materia, con el objeto de regular el servicio de banca y crédito y la protección de los intereses del público”, insistió la autoridad.
Clientes afectados
Tras declararse en bancarrota, la CNBV revocó la licencia del Banco Ahorro Famsa por «una gestión de riesgos inapropiada», afectando a más de medio millón clientes, que debieron ser atendidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
