FOTO: @drcarloslomeli
El gobierno de Claudia Sheinbaum entregó contratos millonarios a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, ligada a Carlos Lomelí, morenista que fue investigado por la DEA.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con esta empresa para comprarle fentanilo, medicinas y material hospitalario. Lo hicieron a pesar de que la empresa estaba suspendida por dos años y medio para recibir contratos de cualquier gobierno, de acuerdo con un castigo de la Secretaría de la Función Pública impuesto en julio de 2020.
Según informa Latinus, «la administración capitalina entregó recursos públicos a una empresa vinculada con Lomelí, quien ha estado bajo la vigilancia de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos».
En 2010, el funcionario negoció para que él y su empresa Lomedic fueran eliminadas de una lista de personas y empresas vinculadas con el tráfico de drogas.
En 2021, el actual regidor de Guadalajara confesó admitió que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos, de acuerdo con documentos y con el testimonio de dos exagentes de la DEA.
Este empresario confesó que hizo negocios con el Cártel de Sinaloa a cambio de que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos suspendiera la investigación iniciada en su contra en 2006.
Lomedic fue acusada en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser un lavado de dinero del Cártel de los Amezcua Contreras. En consecuencia, congeló todos los bienes y cuentas bancarias de Lomelí, su familia y su empresa en territorio estadounidense.
Además, el candidato de Morena también fue señalado por la OFAC de apoyar el desvío ilegal de precursores de metanfetaminas.
Los documentos y las declaraciones obtenidas por Latinus contradijeron las declaraciones de Lomelí, pues él insistía en que el gobierno de Estados Unidos lo había sacado de la lista porque no encontró elementos en su contra.
No obstante, una sentencia final de confiscamiento emitida por un juez de Distrito de El Paso el 27 de enero de 2011, detalla que Lomelí entregó de forma voluntaria sus bienes al gobierno de Estados Unidos y estuvo involucrado en la distribución de tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina, así como en lavado de dinero.
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