Delegado del Infonavit en Hidalgo, Alejandro Canek Vázquez Góngora fue vinculado a proceso

El delegado del Infonavit en Hidalgo, Alejandro Canek Vázquez Góngora fue vinculado a proceso por el Incumplimiento a las Obligaciones Alimentarias, en una audiencia realizada el pasado martes en la Ciudad de México.

 

Tras diferir tres audiencias para evitar enfrentar las imputaciones en su contra, el servidor público Alejandro “N” no logró presentar pruebas suficientes para rebatir las acusaciones de incumplimiento de obligaciones alimentarias y, por lo tanto, ha sido vinculado a proceso.

 

Durante la defensa, solo se presentó un billete de depósito como prueba parcial del adeudo, al tiempo que se intentaba desacreditar a la madre de las víctimas, argumentando que carece de personalidad jurídica, lo que, según la defensa, invalidaría la denuncia.

 

En respuesta, los abogados de las víctimas y la Fiscalía mencionaron la Convención de los Derechos del Niño, la cual garantiza que los menores tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y estar protegidos contra la violencia, el abuso y el perjuicio.

 

Asimismo, se hizo referencia al principio del interés superior del menor, que busca asegurar su desarrollo integral y una vida digna, protegiendo sus derechos y evitando el abuso de poder y el paternalismo en la toma de decisiones. Además, se dejó en claro lo que obra en la carpeta que es la relación directa con la sentencia que emite un juez de lo familiar en donde impone cual es la obilgación alimentaria.

 

La expareja del delegado del Infonavit en Hidalgo y sus asesores jurídicos expresaron su preocupación ante la única medida cautelar otorgada, que prohíbe al acusado acercarse a la víctima. Sin embargo, el presunto responsable ha incumplido órdenes judiciales anteriores, como la de no salir del país, lo que plantea dudas sobre la capacidad del Tribunal para garantizar la comparecencia de Alejandro “N” en futuras audiencias.

 

Este caso del servidor público ejemplifica la violencia vicaria en México, ya que no solo implica el desacato a una orden judicial, sino que también involucra violencia económica, porque se le había ordenado realizar una acción específica que el funcionario no cumplió.

 

Es importante recordar que la violencia vicaria busca dañar a una mujer a través de sus seres queridos, especialmente sus hijos. En este contexto, el padre ejerce una violencia extrema sobre los niños.

 

La defensa de las víctimas indicó en entrevista que “lamentablemente, este tipo de violencia cuenta con el respaldo de una sociedad que constantemente cuestiona a las mujeres, les niega autoridad y duda de sus testimonios».

 

Cabe mencionar que Eli César Cervantes, senador por San Luis Potosí, fue el primer servidor público removido de su cargo el pasado 16 de junio, tras la entrada en vigor de esta ley.

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