FOTO: @markocortesm
La coalición Va por México anunció el método a seguir para elegir a su candidato presidencial; se trata de un proceso que, al igual que Morena, se hará fuera de los tiempos electorales que marca la ley, que dice que los partidos pueden comenzar sus selecciones internas a partir de noviembre.
¿Cuáles son las principales preocupaciones dentro de la alianza? Los tiempos, el control de las firmas en la primera etapa, el alcance de la participación ciudadana, el origen y el gasto del dinero para llevar adelante sus «precampañas».
El anuncio lo realizaron el lunes 26 de junio de 2023 y el método consiste en tres etapas; la primera es la inscripción de aspirantes a la candidatura a partir del 4 de julio ante la comisión de registros de cualquiera de los tres partidos. Los que busquen la candidatura deberán “ser respaldados” por ciudadanos en una plataforma virtual. Se está hablando de 150,000 firmas como mínimo para cada uno.
Todo el proceso se hará bajo un nuevo nombre con el fin de evitar posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral. Para ello se creará el Frente Amplio por México, justificado en un artículo de la Ley de Partidos que permite la formación de frentes “para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral”.
El árbitro electoral será el encargado de controlar las firmas de cada aspirante, y el candidato elegido por la coalición será llamado “responsable nacional de construir un frente amplio por México”.
Lo anterior con la intención de eludir sanciones por hacer actos anticipados de campaña.Va por México necesita que el INE avale la propuesta del frente.
Sobre el anuncio de este lunes, el exconsejero electoral Ciro Murayama se pronunció al respecto: “Es lamentable que Va por México también se desentienda de cumplir los plazos de la ley electoral”.
La segunda etapa del proceso de selección consistirá en un gran debate en el que participarán quienes se hayan registrado y cumplido con el requisito de las firmas.
Después de ese encuentro se llevarán a cabo estudios de opinión pública para elegir solo a los tres mejores, que serán los pasen a la tercera etapa.
Los tres finalista se enfrentarán en cinco debates más. El 3 de septiembre se celebrarán elecciones primarias en las que podrán participar únicamente quienes se hayan registrado en la plataforma electrónica de la primera etapa.
Las votaciones y sondeos tendrán un valor del 50% cada uno: el mejor evaluado será el candidato.
De acuerdo a la ley, no se puede, todavía, gastar dinero en las precampañas. Entonces, los aspirantes requerirían un importante presupuesto para conseguir las firmas que necesitan en la primera etapa.
Pero, si se registra el frente ante el INE, la alianza espera poder conseguir permiso para usar parte del dinero que ya les aprobaron para 2023. No obstante, cada partido político asumiría los gastos de sus aspirantes.
En consecuencia, aquellos candidatos de la sociedad civil que quieran participar deberán buscar fondos por fuera, y esto podría significar un importante obstáculo para los aspirantes que no sean funcionarios públicos o pertenezcan a algún partido político.
Sergio Aguayo, que se alejó de la coalición este lunes después de conocer los detalles del método, asegura que hay “demasiados obstáculos a la participación ciudadana” y crítica que los partidos terminaron poniendo “un buen número” de controles.
Por otro lado, la conformación del Comité organizador de las elecciones primarias ha levantado sospechas y críticas. Este estará compuesto por siete miembros de la sociedad civil y dos representantes de cada partido, y estarán supervisados por un órgano observador de nueve ciudadanos más.
Algunos expertos señalan de que el hecho de que las formaciones políticas participen en la organización del proceso podría ser motivo también de sanciones.
“Quiero tener certeza de que el método es sólido, que no caeremos en actos ilegales, en financiamientos ilícitos o conductas clientelares”, dijo Lilly Téllez, quien publicó una lista de 50 preguntas que hay que hacer sobre el proceso de selección.
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