FOTO: @lopezobrador
Según una investigación de Animal Político, el gobierno de AMLO autorizó un pago de 6,4 millones de dólares a empresas de la red de corrupción de Genaro García Luna.
«Justo en las fechas en las que García Luna había sido detenido en Texas, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social autorizó el pago a la empresa Nunvak, triangulado a través de la compañía Gull Holding mediante una cuenta en Barbados», se puede leer en la nota publicada el 21 de junio de 2023 por el periodista Alfredo Maza.
El gobierno del actual presidente de México autorizó un pago por 6 millones 472 mil 800 dólares a una empresa que forma parte de la presunta red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública federal.
De acuerdo con los documentos que revisó el medio, hay un pago equivalente a 125 millones 442 mil 864 pesos por un contrato con la empresa Nunvak Inc, bajo el esquema de “transferencias para gastos de seguridad pública nacional”. Pero, el dinero no fue transferido a la empresa; lo mandaron, a través de una cesión de derechos de cobro, a la cuenta de la empresa Gull Holding Enterprises Inc que se encuentra en Barbados.
Estas dos empresas están en la carpeta de investigación por la cual un juez federal otorgó, en abril, una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 61 personas.
La carpeta de la FGR, a la que Animal Político tuvo acceso, menciona a Jonathan Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, así como a otros funcionarios y particulares, por «coludirse para saquear los recursos públicos” de varias cárceles federales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí mencionó este contrato como parte de los 10 contratos que las ahora extintas, Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), suscribieron del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Estos contratos están hechos con “con empresas involucradas en el entramado de García Luna, con un monto total erogado de $225,212,904 dólares”.
Lo «extraño» es que la UIF no aclaró que la última «confirmación de operación de cambios» se hizo en diciembre de 2019, un año después de que López Obrador llegara al poder, y cuando Alfonso Durazo era secretario de Seguridad federal.
El 8 de febrero de 2022, la FGR solicitó a un juez emitir una orden de aprehensión en contra de García Luna y 60 personas más, «por formar parte de una presunta organización criminal operada por el exsecretario».
“En esta posición de inmenso poder, controlaba muchos aspectos de la fuerza de seguridad pública de México, incluidos diversos funcionarios de los organismos de seguridad pública de México”, explica la FGR en la carpeta de investigación.
«El pago en cuestión, con número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/122825/2019, se hizo en una sola transferencia. Quedó registrado en la contabilidad del OADPRS con la póliza de egreso 2248, de fecha 13 de diciembre de 2019, y la operación se concretó tres días después bajo la póliza 827266, de la que este medio tiene una copia», se lee en la investigación del medio.
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