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De acuerdo con FeliFer Macías, las reformas del «Plan B» pretendían acotar las facultades del INE con el engañoso argumento de generar ahorros para el erario.
«Por tal motivo, desde enero los partidos de oposición interpusieron ante la SCJN un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra de este paquete de reformas electorales propuesto por el presidente».
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidas las reformas a dos leyes que forman parte del «Plan B» electoral impulsado por el Gobierno de Morena, mencionó el político panista.
Al mismo tiempo explicó que la mayoría de los ministros consideró que la fracción mayoritaria en el Congreso cometió múltiples violaciones al proceso legislativo para sacar adelante las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
«Estas modificaciones permitían a los funcionarios públicos hacer declaraciones políticas en cualquier momento, sin ser interpretadas como propaganda gubernamental, sino ejercicio del derecho a la libertad de expresión».
De modo que, el diputado federal expresó que, las otras cuatro reformas que integran el paquete del «Plan B» serán analizadas en una sesión futura; sin embargo, poco futuro se les ve.
«Al igual que las antes mencionadas no existió la posibilidad de llevarse a cabo un auténtico procedimiento legislativo, se realizaron al vapor y con la misma negligencia que ha distinguido a las reformas del Gobierno Federal».
Asimismo, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro detalló que fueron cerca de 100 recursos que llegaron ante la SCJN contra las dos leyes previamente mencionadas.
«Entre estos podemos encontrar aquellos ingresados por parte de Acción Nacional porque los que representamos a este instituto político siempre hemos sido muy claros, la democracia es primero, no tenemos la más mínima intención de debilitar al INE».
«El respaldo ciudadano que se ha mostrado hacia los ministros de la SCJN y el INE durante las marchas que se han realizado, es un indicativo muy importante para un país, que de acuerdo con datos de la OCDE demuestra un 68.9% de desconfianza en los funcionarios públicos».
Sin embargo, para FeliFer Macías, dicha consideración por parte de los mexicanos no se extiende a todos los ministros.
Toda vez que, durante la sesión en la que se discutió la invalidación de las reformas, dos de los ministros, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, votaron en contra, a pesar de que se describieron varias irregularidades. Cabe mencionar que ambas ministras fueron nombradas por el presidente López Obrador.
«Con esta resolución la Corte ha enviado el mensaje de que será estricta en vigilar que las reformas del Gobierno cumplan con el trámite legislativo establecido en la propia ley».
«Esperamos que esto le ponga un alto a quienes consideran al Congreso como una mera ofíciala de partes y les deje en claro que los que queremos un mejor país, sabemos y reconocemos que la democracia es propiedad exclusiva del pueblo y ni con sus trampas nos la van a quitar».
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