Toda vez que los diferentes partidos políticos representados en la Ciudad de México han comenzado a discutir el tema de la “reglamentación” del uso de las redes sociales por parte de los servidores públicos, a raíz de las “protestas” de algunos “influyentes” balconeados a través de Periscope, utilizado de manera exitosa por funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo, destaca la postura que han asumido algunos representantes populares que forman parte de la Asamblea Legislativa de la capital del país.
Me dice el diputado local por el Partido Verde, Fernando Zárate, que no hay que olvidar el tema de fondo en todo este debate: la prevalencia de la corrupción y la impunidad como causas de lo que hoy se pretende reglamentar. Tal parece que los secundario ocupa hoy el interés primordial de los políticos y sus “promotores financieros” y no lo fundamental que debería estar entre las preocupaciones más importantes de una sociedad, que es combatir la corrupción y la impunidad.
Es obvio que quienes tienen influencia y poder argumentan daño a su “fama pública”, por cierto bien ganada por su prepotencia a la hora del desacato de leyes y reglamentos de convivencia en espacios públicos que son de todos. Sin embargo, lo que debería estar a debate es la manera en que la autoridad ha actuado con “permisibilidad” hacia los grupos que por su influencia, ya sea política o económica, han logrado burlar el cumplimiento de la ley y las normas que fueron aprobadas por los propios legisladores. Trátese de gremios como el del transporte, vendedores ambulantes o la propia clase política.
Lo que está sucediendo en la actualidad es resultado de años, precisamente, de corrupción e impunidad que hoy dificultan la aplicación de leyes y reglamentos que —valga decirlo— no son nuevos ni más estrictos que los de antaño. Única y sencillamente que hoy representan “valor económico” para la autoridad que ya encontró, a través de los castigos en dinero, una manera de financiar sus programas de gobierno.
Parte de la doble moral con que hoy nos comportamos como sociedad tiene que ver, precisamente, con ese falso debate al que han querido llevar algunos sectores el uso de las redes sociales por parte de los propios gobernantes: cuando se alega que la tecnología de hoy es una herramienta “útil” para transparentar el ejercicio de gobierno y permitir la participación de los ciudadanos en la actividad política se “ponderan” los beneficios de “subir” todo a las redes sociales. Pero cuando esa tecnología pone en riesgo a ciertos grupos de poder al exhibir su comportamiento, entonces, ya es una “violación” a sus derechos humanos o una forma de afectar su “fama pública”.
La función primordial de una autoridad es hacer que se cumplan las normas y las leyes que fueron aprobadas para beneficio de la comunidad, evidentemente, quien las viola se hace acreedor a la sanción que contempla esa ley. Una herramienta de transparencia en la aplicación de esas normas y reglamentos son las redes sociales que dan cuenta de la manera en que la autoridad las aplica. Por ello, resulta mezquino y hasta sospechoso el que existan quienes cuestionan el uso de las herramientas que facilitan la transparencia y no cuestionan la violación a esas leyes.
Con o sin redes sociales, de todas formas la corrupción y la impunidad siempre serán aliadas de quienes están acostumbrados a pasar por encima de lo que tanto llaman “el Estado de derecho”.
Source: Excelsior
