
XALAPA, VERACRUZ
Como parte de una estrategia legal, seis de los ocho policías involucrados en el caso de los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca promovieron amparos a través de su defensa jurídica, en los que alegan acciones que supuestamente violan sus derechos humanos y por el acto de la formal prisión.
El Fiscal General, Luis Ángel Bravo, informó que el primero que promovió este beneficio fue el exdelegado Marcos Conde, aunque para el fiscal, no tenía sentido su petición.
Desde el principio señaló un trato supuestamente abusivo por parte de policías. El delegado Conde promovió el primer amparo y quiero decirles algo: no tiene absolutamente ningún sentido porque habla de que supuestamente lo presionan o lo torturan cuando no confiesa absolutamente nada», dijo.
Luis Ángel Bravo descarta que estos amparos -que han llegado a la Fiscalía General- puedan prosperar, ya que hay evidencias suficientes para fincarles responsabilidad. Mencionó además que las investigaciones están a punto de concluir y no abundó sobre los posibles móviles, ya que por la naturaleza de las investigaciones no se pueden dar a conocer.
De igual modo informó que esperan el resultado de los estudios que peritos argentinos realizan con los restos encontrados en el rancho El Limón, del municipio de Tlalixcoyan.
Reconoció que las investigaciones están a punto de concluir, aunque dijo que el asunto ya está en manos de la autoridad federal debido a que involucra hechos y situaciones ligadas con el crimen organizado.
Bravo Contreras defendió la investigación que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía, ya que dijo que se ha hecho con pulcritud y transparencia, conforme a derecho, ya que confluyen en ella la Gendarmería y la Policía Federal a través de la policía científica.
Estamos a la espera de lo que resuelvan los peritos argentinos en sus dictámenes y evaluaciones», aseguró el Fiscal.
En el caso de los amparos, dijo que hay cuatro que se han promovido en las últimas horas y es contra la formal prisión decretada, pero reconoció que finalmente son estrategias de los abogados que utilizan sin al menos estudiar el hecho a fondo y lo hacen como mera estrategia y le corresponde a los juzgados federales determinar si hubo o no razón.
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