Medidas adoptadas por el gobierno no garantizan la protección del empleo ni el crecimiento: Ríos Piter

México, 22 Feb.- En medio de las reacciones frente al anuncio del recorte de 132 mil millones de pesos y el aumento de la tasa de referencia del Banco de México, el Senador por el Estado de Guerrero señaló que estas medidas preventivas “tendrán un impacto en la expectativa de crecimiento económico y pérdida de empleo de alrededor de 800 mil empleos formales.”

“Las medidas adoptadas por el Gobierno Federal frente a la incertidumbre financiera internacional que ha depreciado al peso, tendrán un efecto negativo sobre la tasa de crecimiento económico para 2016, que originalmente era de 3.6%” argumentó.

Ante este escenario el legislador declaró que: “es tiempo de activar todos los instrumentos del Estado para detonar el mercado interno y proteger el ingreso de millones de familias, con un enfoque distinto a las tradicionales reacciones de las autoridades federales.

El legislador recordó que el pasado 19 de enero de 2016, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la caída del crecimiento de la economía china impactaría sobre el desempeño de la economía mundial, particularmente en los países emergentes, y ajusto la expectativa de crecimiento para México a solo 2.6% para 2016, lejos de nuestro potencial de crecimiento de 6%.

Ríos Piter comentó que “se comienza a materializar un escenario de desaceleración económica con inflación, como consecuencia del incremento de costos de producción por la depreciación cambiaria, y ahora en los próximos meses por el aumento de las tasas de intereses bancarias, el recorte de la inversión pública, así como la desaceleración de la producción industrial de Estados Unidos… que podría llevarnos a un recorte en las expectativas de crecimiento económico hasta de 1.7% para 2016”.

Reconoció el Legislador, una fortaleza de las finanzas públicas a partir de la reforma fiscal del 2013, pero insistirá en los próximos meses en una mesa de diálogo entre las fuerzas políticas del Congreso con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de la nueva ley de fiscalización del sistema nacional de combate a la corrupción se impulse una reforma de segunda generación en materia de gasto público responsable y eficiente.

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