El informe del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, esclarece que la orden presidencial para transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los expedientes de la represión ha sido ignorada de forma sistemática por toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, incluido el Ejército.
Apertura de archivos del CISEN es un fracaso
En primer lugar, el expediente del homicidio del periodista Manuel Buendía en 1984 fue entregado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) al AGN, a pesar de que la orden presidencial abarca documentos creados desde 1986 hasta 2004.
Luego, el Mecanismo señala que a pesar de que hallaron evidencia de que el CNI sí tiene documentación sobre Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier, candidatos presidenciales en 1988, o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estos no han sido entregada por el organismo al AGN.
Además, hay pruebas de que fueron desaparecidos expedientes personales de agentes o personas clave acreditadas por la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El Mecanismo que publica este informe es dirigido por David Fernández, exrector de la Ibero y exdirector del Centro Pro, y forma parte de los cuatro integrantes de la Comisión de la Verdad creada por el presidente y que depende del subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
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El recuento de los daños…
El 28 de febrero de 2019, el presidente López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que toda su administración enviara al AGN los documentos que tuvieran sobre represión política y violaciones a derechos humanos en el periodo 1965-1990.
Asimismo, se establecieron lineamientos para que el CNI entregara documentación al AGN en tandas: en 2020 debió enviar el periodo 1986-1990; en 2021, el 1991-1995; en 2022, 1996-2000; y este 2023, la última, correspondiente a 2001-2004.
No obstante, sólo el expediente de Manuel Buendía ha sido enviado y ni siquiera corresponde al periodo 1986-1990 como argumenta el CNI, pues el homicidio ocurrió en 1984.
El expediente tampoco ha sido abierto al público.
“La instrucción presidencial ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI. El CNI sólo ha entregado un expediente, relativo al asesinato de periodistas –en específico sobre el homicidio de Manuel Buendía en 1984–, compuesto por una caja con 10 legajos, conformada por 816 fojas más 315 negativos y seis fotografías. Las omisiones, no obstante, no sólo han sido del CNI o del Ejército sino que el AGN ha sido incapaz de dar claridad sobre la documentación que el CNI debía entregarle correspondiente al periodo 1985-1990”, se lee en el informe.
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