En la segunda sesión del periodo extraordinario, la diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) fundamentó, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen que reforma la Constitución Política, a fin de aplazar al primer domingo de junio de 2028 la siguiente elección judicial y que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.
Benítez Tiburcio comentó que el documento tiene como base la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y diversas propuestas de diputadas, diputados, senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios, las cuales fueron analizadas de manera conjunta por la Comisión, con el propósito de fortalecer el modelo de elección judicial aprobado en la reforma constitucional de 2024.
Recordó que la Reforma de 2024 representó uno de los cambios constitucionales más profundos e importantes en la vida democrática de nuestro país, pues por primera vez en la historia, el año pasado, el pueblo participó directamente en la elección de sus ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados, “fortaleciendo la legitimidad democrática del Poder Judicial y acercando las instituciones de justicia a la ciudadanía”.
El dictamen -dijo- representa un ejercicio de responsabilidad democrática y de madurez institucional. No se sustituye la reforma judicial, ni se renuncia a su esencia democrática, sino “lo que estamos haciendo es fortalecerla para que funcione mejor, para que genere mayor certeza jurídica, para que el acceso a la justicia esté acompañado de mecanismos técnicos transparentes y eficientes”.
Precisó que uno de los primeros temas que se aborda es el cambio de la fecha de la elección judicial. La propuesta establece que la jornada electoral judicial, prevista originalmente para 2027, se celebre el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
“Este aplazamiento permitirá a las autoridades electorales y judiciales contar con más tiempo para perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación, organización territorial y diseño de boletas”.
Mencionó que se incorpora una adecuación al artículo 35 constitucional para permitir que mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, puedan celebrarse de manera concurrente con procesos electorales ordinarios cuando así corresponda. Ello permitirá optimizar recursos públicos, fortalecer la participación ciudadana y generar una mejor coordinación institucional en los ejercicios democráticos nacionales.
“La propuesta de trasladar la elección judicial a junio de 2028 representa una decisión responsable y estratégica, porque democratizar el Poder Judicial no significa improvisar; al contrario, significa construir instituciones sólidas, confiables y procesos técnicamente robustos”, puntualizó.
Hizo notar que también se incorporan exámenes para las personas aspirantes a cargos judiciales. México necesita juezas, jueces, magistrados, ministros y ministras comprometidos con el pueblo, pero también gente altamente preparada para resolver asuntos complejos, proteger los derechos humanos del pueblo de México, interpretar la Constitución y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
Además, fortalece el funcionamiento de los Comités de Evaluación, pues “la experiencia reciente dejó claro que era indispensable contar con criterios homogéneos, metodologías uniformadas y parámetros técnicos comunes para evaluar a las personas candidatas a jueces”.
Se establece una comisión coordinadora integrada por representantes de cada uno de los Comités de Evaluación de los poderes, el cual constituye un avance institucional de enorme relevancia. La Comisión permitirá homologar metodologías, verificar requisitos constitucionales y legales y establecer criterios uniformes de evaluación.
“Significa transparencia, certeza jurídica, evitar discrecionalidad y que todas las personas aspirantes serán evaluadas bajo estándares objetivos y técnicamente sólidos”.
Adicionalmente, dijo, se atiende una de las principales preocupaciones ciudadanas derivadas del proceso electoral judicial anterior: la complejidad de las boletas y el elevado número de candidaturas.
La propuesta de reducir el número de perfiles mediante procesos de evaluación técnica ayudará a simplificar las boletas, facilitar que la ciudadanía conozca mejor a las candidaturas y hacer más accesible el ejercicio democrático.
La diputada Mariana Benítez subrayó que el dictamen fortalece la capacitación permanente de juezas y jueces, impulsa criterios homologados para los poderes judiciales locales y mejora la organización territorial de las elecciones judiciales.
Afirmó que las reformas verdaderamente transformadoras no terminan con su aprobación constitucional; requieren ajustes, perfeccionamientos y capacidad de adaptación institucional.
“Eso es exactamente lo que este Congreso está haciendo: estamos construyendo, perfeccionando, fortaleciendo un modelo judicial más sólido, más transparente, más profesional y más eficiente. No se trata solamente de elegir jueces, se trata de construir una justicia”.
Desechan mociones suspensivas
Posteriormente, el Pleno desechó, en votación económica, dos mociones suspensivas presentadas por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) y el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), a fin de suspender la discusión y votación del dictamen por ser incompatible a diversas disposiciones constitucionales, y se regrese el mismo a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis integral.
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