La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó al sistema bancario mexicano el congelamiento de cuentas relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en investigaciones abiertas en Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por EMEEQUIS, la medida fue enviada a instituciones financieras mediante el Acuerdo 156/2026 a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que implica suspensión de operaciones y bloqueo de activos dentro del sistema financiero mexicano.
Entre los señalados también aparecen el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, además de exfuncionarios de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa.
La notificación habría sido enviada mediante el sistema SITI PLD/FT, utilizado por la CNBV para alertar a bancos y entidades financieras sobre personas incorporadas a listas de bloqueo vinculadas con operaciones de riesgo financiero y lavado de dinero.
Presión desde Estados Unidos escala el caso Sinaloa
El congelamiento financiero ocurre en medio de la presión ejercida por autoridades estadounidenses tras las acusaciones formuladas desde una Corte Federal de Nueva York contra funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.
Las investigaciones estadounidenses señalan presuntos pagos millonarios y protección institucional a estructuras criminales. En ese contexto, el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión política y diplomática por el caso Sinaloa.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido públicamente que cualquier proceso de extradición deberá sujetarse a tratados bilaterales y a la entrega formal de pruebas por parte de Estados Unidos.
Mientras tanto, el caso ya abrió un nuevo frente político para Morena. El bloqueo financiero contra figuras cercanas al poder estatal en Sinaloa escala el conflicto más allá del terreno judicial y coloca a la UIF en el centro de una disputa que mezcla seguridad, presión internacional y estabilidad política.
Hasta ahora, ni Rocha Moya ni Enrique Inzunza han confirmado oficialmente acciones legales contra las medidas financieras reportadas.
Morena enfrenta nuevo costo político
El congelamiento de cuentas representa uno de los episodios de mayor impacto político para Morena en 2026, particularmente por involucrar a un gobernador con licencia, un senador en funciones y mandos de seguridad pública.
Además del impacto jurídico, la medida incrementa la tensión entre el gobierno mexicano y agencias estadounidenses, en un contexto donde Washington endureció su narrativa contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado.
La evolución del caso podría redefinir la relación bilateral en materia de seguridad y abrir nuevas disputas internas dentro del oficialismo rumbo al próximo ciclo electoral.
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