Poder Judicial de la Federación comienza paro de labores indefinido

Desde el primer minuto del viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron un paro de labores indefinido en al menos 16 estados del país.  

La protesta responde a la reciente disposición del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que establece evaluaciones de desempeño obligatorias cada dos años para todo el personal, con el objetivo de determinar su permanencia en el cargo o su posible reubicación. 

El acuerdo, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, generó inconformidad entre los empleados judiciales, quienes consideran que la medida pone en riesgo su estabilidad laboral.  

La molestia se intensificó por la falta de aviso previo y por la percepción de que el mecanismo podría facilitar despidos o cambios de área sin respetar la antigüedad ni los derechos adquiridos. 

La suspensión de actividades se ha extendido a juzgados y tribunales federales en entidades como Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco. Además, en la Ciudad de México, sedes como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma también se sumaron a la protesta. 

En algunos puntos, como Monterrey, los trabajadores bloquearon de forma intermitente avenidas principales, mientras que en San Lázaro, Ciudad de México, colocaron candados en los accesos y montaron un plantón desde la medianoche. 

Aunque la suspensión es indefinida, los empleados han permitido el acceso para servicios esenciales como el Centro de Desarrollo Infantil y la seguridad. 

El principal motivo de la protesta es el nuevo esquema de evaluación de desempeño, que según los trabajadores, podría derivar en despidos o cambios de área sin justificación suficiente. Patricia Aguayo Bernal, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, expresó que la base trabajadora no se opone a ser evaluada, pero exige que el proceso tenga fines de capacitación y no de separación del cargo. 

El mecanismo contempla que quienes no obtengan una evaluación positiva tendrán dos oportunidades: presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Disciplina o realizar un examen extraordinario.  

Si el resultado sigue siendo negativo, el trabajador podría ser despedido, sin que se respeten los años de servicio acumulados. 

Trabajadores han manifestado su preocupación por la posibilidad de que el nuevo sistema abra la puerta a la incorporación de personal cercano a las actuales autoridades del Poder Judicial, desplazando a quienes ya forman parte de la institución. 

El Órgano de Administración Judicial ha rechazado que las evaluaciones tengan como objetivo el despido de trabajadores o la pérdida de plazas. Según el organismo, la primera evaluación, programada entre el 4 y el 15 de diciembre, será exclusivamente diagnóstica y no tendrá consecuencias sobre la permanencia del personal.  

El propósito, aseguran, es identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial. 

El OAJ sostiene que las evaluaciones están respaldadas por la Constitución y la Ley de Carrera Judicial, y que representan una obligación legal para mejorar la calidad del servicio de impartición de justicia. Además, ha manifestado su disposición al diálogo con los trabajadores y reconoce su derecho a manifestarse y ejercer la libertad sindical. 

El paro en el Poder Judicial de la Federación continuará hasta que se logre un acuerdo entre los trabajadores y el Órgano de Administración Judicial. El sindicato ha convocado a reuniones con las autoridades para revisar las disposiciones y buscar modificaciones que garanticen la estabilidad laboral de los empleados. 

Mientras tanto, la primera evaluación de desempeño está prevista para diciembre y, de acuerdo con el OAJ, no tendrá efectos inmediatos sobre la permanencia del personal. Sin embargo, el esquema general contempla consecuencias para quienes no alcancen los puntajes requeridos en futuras evaluaciones ordinarias. 

La situación mantiene en vilo a cerca de 32 mil trabajadores judiciales adscritos a más de 900 tribunales y juzgados federales, quienes esperan que el diálogo permita encontrar una solución que respete sus derechos y garantice la continuidad de sus funciones. 

El paro en el Poder Judicial de la Federación representa un momento crítico para la administración de justicia en México, con miles de trabajadores a la espera de que se atiendan sus demandas y se defina el futuro del esquema de evaluación de desempeño. 

Con información de Mi Bolsillo 

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