Morena pide investigar corrupción 'del pasado y del presente' en el INE
Morena exigió una “investigación profunda” sobre las presuntas irregularidades detectadas en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLES), así como determinar responsabilidades de funcionarios y proveedores involucrados, en el marco del escándalo por presunta corrupción que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo.
En un comunicado difundido el domingo, el partido sostuvo que los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones electorales deben administrarse con transparencia y pidió esclarecer tanto hechos recientes como posibles irregularidades de años anteriores.
Morena pidió establecer quién autorizó los contratos bajo investigación, quiénes son los proveedores involucrados, desde cuándo participan en las contrataciones, quiénes se beneficiaron y por qué no se corrigieron irregularidades detectadas con anterioridad.
“La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de ex servidores públicos”, sostuvo el partido.
En su comunicado, Morena sostuvo que las irregularidades denunciadas no comenzaron con Taddei y recordó que desde la época del Instituto Federal Electoral (IFE) los órganos de control habían documentado observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.
El partido mencionó, entre otros antecedentes, un contrato celebrado en 2015 durante la presidencia de Lorenzo Córdova para el arrendamiento de vehículos con la empresa Jet Van, por un monto cercano a mil millones de pesos, cuyo costo fue cuestionado por la entonces Contraloría.
Morena también recordó sus propios señalamientos sobre los procesos electorales de 2006 y 2012. “Exigimos toda la verdad y sanciones sin encubrimientos ni excepciones. No defenderemos a nadie que haya incurrido en corrupción, sin importar nombres, apellidos o relaciones personales”, sostuvo el partido.
El pasado viernes, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que el órgano inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones del INE y los OPLES, tras identificar operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales entre 2014 y 2026.
De ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a operaciones realizadas con organismos electorales locales.
Durante la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, Hernández aseguró que revisará posibles acuerdos entre proveedores, simulación de operaciones, sobreprecios y prácticas que pudieran haber limitado la participación de otras empresas en procedimientos de contratación.
El auditor también informó que fueron enviados 32 oficios a los gobiernos estatales para solicitar información sobre las transferencias de participaciones federales a los OPLES, así como a los propios organismos electorales locales. La revisión abarcará sus operaciones desde el año 2000.
La ASF también indaga posibles conflictos de interés entre proveedores y servidores públicos que participaron en contrataciones o designaciones dentro de los organismos electorales.
“Estamos trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos para ver que no tengan conflicto de interés o que haya un tráfico de influencias”, afirmó el auditor.
El funcionario evitó adelantar responsabilidades individuales y señaló que se respetará el debido proceso.
Por separado, el titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente, informó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos de organismos electorales locales por un total de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. De acuerdo con el OIC, comparten socios o representantes legales y habrían simulado competencia en contrataciones de material electoral.
“Estamos ante un escenario de colusión, o bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, afirmó Carvente.
Según la explicación presentada por el funcionario, las empresas presuntamente presentaban cotizaciones elevadas para incrementar los precios de referencia, excluir propuestas más económicas y favorecer a otra compañía del mismo grupo.
Los contratos identificados corresponden a 1 mil 72.88 millones de pesos para Cajas Graf; 815.96 millones para Formas Finas y Materiales; 278.72 millones para Corporativo ZEG; 208.40 millones para Comercializadora JVLY, y 85.12 millones para Seriplast de México.
El OIC revisó 106 contrataciones de material electoral y 53 procedimientos de licitación pública mediante información de la Plataforma Nacional de Transparencia. El propio órgano aclaró que se trata de un estudio preliminar y que el monto de 2 mil 461 millones de pesos corresponde al valor de los contratos identificados, no a un daño patrimonial comprobado.
Además, cinco servidores públicos enfrentan procedimientos por presuntas faltas administrativas graves y otros 13 expedientes continúan bajo investigación. En total, son 18 procedimientos relacionados con los hechos.
El OIC también identificó posibles conflictos de interés. Entre ellos, un funcionario que era socio de una empresa, intervino en su contratación y posteriormente firmó la recepción satisfactoria de los bienes; así como otra persona que había estado vinculada como directivo de un proveedor, ingresó al INE y posteriormente solicitó una contratación adjudicada a esa misma empresa.
Señaló que corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinar, en su caso, las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Durante la comparecencia del titular del OIC, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó que se deben determinar responsabilidades administrativas y penales contra Guadalupe Taddei por las presuntas irregularidades relacionadas con proveedores de material e insumos electorales.
“La señora Guadalupe Tadei debe ir a la cárcel, deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales”, afirmó.
El legislador también pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación de oficio y participe en el aseguramiento de bienes y cuentas de los grupos empresariales y empresas señalados como proveedores.
“Vamos a abrir un maxiproceso, el país necesita abrir un maxiproceso”, sostuvo.
“Creo que el anterior titular del órgano interno de control y el anterior auditor superior de la federación nos deben informaciones más claras porque la presencia de este cártel, de este sistema de coyotaje electoral empezó a fraguarse hace muchos años y nadie debe ser exculpado”, declaró.
El legislador también pidió que la Cámara de Diputados convoque a autoridades encargadas de competencia económica y políticas antimonopólicas, así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante los señalamientos sobre posibles prácticas de colusión, facturación falsa y operaciones simuladas.
El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, atribuyó a Morena parte de las condiciones que permitieron la concentración de atribuciones en la presidencia del organismo.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que Morena fue responsable tanto de las condiciones que permitieron la llegada de Taddei a la presidencia del INE en 2023 como de la reforma electoral aprobada en octubre de 2024.
Recordó que los cambios legales permitieron a la presidencia del instituto nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin requerir los ocho votos del Consejo General que anteriormente eran necesarios, lo que redujo los contrapesos internos.
El exconsejero afirmó que de esa manera “se rompió así la colegialidad y la necesidad o la posibilidad de que los propios consejeros ejerzan de contrapeso y de control a las actuaciones de la presidenta”.
Según explicó, los contratos fueron adjudicados mediante licitación y el de mayor monto correspondió a marcadoras utilizadas para las credenciales para votar. “Si se hubiera encontrado algo yo estaría en la cárcel, habiéndome tachado de opositor y de enemigo del régimen”, afirmó.
El expresidente del INE aseguró además que el organismo fue auditado durante su gestión y que las observaciones de la ASF fueron atendidas. También manifestó su disposición a que las autoridades revisen nuevamente los contratos.
Los señalamientos se producen después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE y de la renuncia de 15 funcionarios vinculados con su administración.
La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, informó que 12 de las renuncias fueron presentadas voluntariamente por personal adscrito a la Oficina de la Presidencia, mientras que las tres restantes fueron solicitadas por el Consejo General.
Entre quienes dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien ocupaba la jefatura de la Oficina de la Presidencia.
Cruz García señaló que el INE solicitará información al OIC para conocer si existen investigaciones abiertas contra alguno de los funcionarios que renunciaron y agregó que las consejerías evalúan si deben dar aviso a autoridades fiscales por posibles irregularidades durante la gestión de Taddei.
Tras asumir la presidencia provisional, Cruz García se comprometió a facilitar las investigaciones. “Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”, afirmó.
“La autonomía electoral no significa opacidad, ni excepción frente a la ley. Significa independencia para cumplir nuestras funciones y responsabilidad para rendir cuentas”, señaló.
Con información de Aristegui Noticias
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