La familia de un soldador de California, detenido por huachicol en Colima, denuncia que lleva semanas sin saber de él

Los Ángeles.- Joel René Cárdenas Carrillo, un inmigrante mexicano naturalizado estadounidense que trabaja como soldador y lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos, aprovechó el cumpleaños de su padre para volver a su Estado natal, Colima, después de una larga ausencia.  

El 12 de agosto, cuando se preparaba para regresar a California, salió a caminar a un cerro y después acudió a un partido de fútbol que se disputó en una cancha de Manzanillo. Pero al salir del juego, mientras conducía su auto, varias patrullas le cerraron el paso.  

Los policías lo detuvieron, lo golpearon y lo acusaron de robar combustible, una actividad ilegal conocida en México como huachicol. Esta es la versión que proporciona su esposa, Verónica Sánchez. 

La acusación de la Fiscalía General de la República de México (FGR), en cambio, lo presenta como miembro de una banda de huachicoleros. En un comunicado de finales de agosto, la dependencia asegura que él y otros cómplices fueron detenidos en flagrancia mientras sustraían hidrocarburos de un ducto que llega hasta instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Manzanillo.  

Las autoridades informaron en ese comunicado del arresto de Cárdenas Carrillo, a quien identifican como Joel “N”, y de otros cinco hombres. También aseguran en el mismo texto que, en otro sitio supuestamente vinculado con sus actividades, decomisaron siete pipas, tres camionetas y combustible robado. En ese lugar había dos tomas clandestinas de huachicol, sostiene la FGR. 

“No soy culpable de esas cochinadas”, escribió en una carta Cárdenas Carrillo desde su celda en una cárcel de la ciudad de Colima. “Nos bajaron y nos arrastraron para adentro. Nos golpearon y no dieron chanza de nada”. 

En el mensaje, además, da instrucciones a su esposa para que busque pruebas que puedan favorecerlo: su pasaporte estadounidense, los boletos de avión de su viaje, las tarjetas de presentación de su negocio de soldadura y la ubicación de las cámaras de seguridad instaladas cerca de la cancha. 

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que está atendiendo el caso de Cárdenas Carrillo debido a su ciudadanía estadounidense. Su proceso judicial, sin embargo, sigue en vilo.  

“El Departamento de Estado toma muy en serio su compromiso de asistir a los estadounidenses en el extranjero y está brindando asistencia consular”, dijo un vocero de la embajada en una declaración escrita enviada a EL PAÍS.  

“Debido a cuestiones de privacidad y otras consideraciones, no tenemos más información que comunicar en este momento”, agregó. 

“Él fue golpeado”

Desde California, Verónica Sánchez, una inmigrante mexicana de 47 años que se gana la vida como campesina, no ha conseguido que las autoridades de México retiren la acusación a su marido. Un abogado colimense al que pagó 5.500 dólares para que tomara el caso ha dejado de contestar sus llamadas telefónicas. Y además lleva tres semanas sin saber siquiera a qué penal han trasladado a su esposo. 

“Quieren usarlo para cubrir a alguien; no sabemos. O que lo quieran desaparecer. Ese es el miedo. Ya saben que él es estadounidense y no lo quieren dejar salir. Tienen sus pertenencias: su teléfono, su pasaporte. Saben que no es la persona a la que están acusando. El miedo que tenemos es que le vayan a hacer algo”, dijo Sánchez en una entrevista telefónica con EL PAÍS. 

Apenas se enteró del arresto de su marido, Sánchez tomó un vuelo a Colima. Llegó cuando se celebraba la audiencia en la que se le presentaron los cargos: sustracción ilícita de hidrocarburos. Lo miró con un uniforme de reo, cabizbajo, preocupado por el enorme problema judicial en el que estaba metido. “Ahí fue cuando él me vio y se agarró llorando. Lo vi que despertó, como que estaba en otro mundo. Estaba en shock”, contó. 

Sánchez dice que, durante una visita posterior en el penal, él le contó que los policías lo habían golpeado durante el arresto y que pasó varios días sin comer ni beber agua mientras permaneció detenido en una cárcel de Manzanillo.  

“Él fue golpeado en todo su cuerpo; fue arrastrado. Yo diría que fue torturado porque tener a una persona al sol durante varias horas, encima de piedras, de grava, yo lo veo como una tortura. Pateándole su cabeza, su estómago”. 

De acuerdo con la Embajada de EE UU, Cárdenas Carrillo permanece detenido en Colima. Sin embargo, haciendo una revisión al Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su nombre no aparece en la base de datos, ni como mexicano ni extranjero. 

Este diario se contactó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para preguntar sobre el paradero y la situación legal de Cárdenas Carrillo, pero un portavoz se limitó a decir que el caso lo lleva la FGR.  

Una jueza de control en Colima declaró legal la detención de Cárdenas Carrillo y de los otros cinco acusados, a quienes impuso prisión preventiva, según el comunicado del Ministerio Público federal. La próxima audiencia está prevista para el 20 de octubre. 

La Embajada estadounidense no se pronunció sobre los señalamientos de que Cárdenas Carrillo fue torturado durante su detención. Tras varios intentos, un portavoz de la FGR en Colima atendió a las solicitudes de comentario enviadas por este periódico y se limitó a decir que “el asunto lo está atendiendo la autoridad responsable de la FGR en Manzanillo”, pero hasta la publicación de este artículo no se obtuvieron las respuestas. 

“Que se haga una investigación”

Fotografías de Cárdenas Carrillo con su careta de soldador y trabajando en proyectos en Visalia, California, donde vive con su familia, forman parte de las evidencias que su esposa dice tener para demostrar que él se gana la vida de manera honesta. Aprendió el oficio en Colima, cuando era adolescente.  

El migrante es dueño de una pequeña empresa que constituyó recientemente, después de varios años de trabajar para compañías del ramo. La pareja tiene dos hijos estadounidenses, de 23 y 24 años. Sánchez cuenta que su marido ha sido el principal sostén de la familia y, después de casi dos meses sin sus ingresos, está pensando en vender parte de su maquinaria. 

“Los ahorros se han agotado. Él aportaba el mayor ingreso para pagar la renta. La verdad, lo que gano es poco, no es suficiente, no alcanzamos a cubrir los gastos”, lamenta Sánchez. “Incluso queremos vender algo de su equipo”. 

Cárdenas Carrillo nació en Colima hace 46 años y emigró a Estados Unidos a los 19, “para ayudar a sus padres y a su familia”, cuenta su esposa. Ambos se conocieron en el año 2000, en Nebraska. Se casaron, allí nacieron sus hijos y posteriormente se mudaron a California. En 2005 él obtuvo su tarjeta de residente permanente y, dos años después, se naturalizó estadounidense. 

Llevaba casi cinco años sin viajar a Colima. Regresó el 16 de junio. Su vuelo de regreso a California estaba programado para el sábado 15 de agosto. El día de su arresto, el miércoles anterior, acompañó a unos familiares a un partido de fútbol de un equipo amateur de su padre. “Fue a ayudarle a llevar las botellas de agua”, dijo Sánchez. 

La cancha se encuentra junto a una instalación de PEMEX. Se accede por la calle Del Trabajo, donde suelen formarse largas filas de camiones cisterna que esperan para cargar gasolina y diésel. A pocas cuadras está el puerto de Manzanillo, uno de los más grandes de México. Al finalizar el juego, Cárdenas Carrillo y su padre se fueron en autos separados. Con él iba su amigo, Leonel Cárdenas Rodríguez, quien también fue detenido durante el operativo. 

Familiares de ambos han realizado manifestaciones para exigir su liberación. Sánchez denuncia que fue víctima de un fraude después de pagar 5.500 dólares a un abogado que prometió defender a su esposo y luego desapareció. “Quería ocho mil dólares más para ‘la fianza’, pero en la audiencia se mencionó que él no puede salir bajo fianza. Así que le dije que me esperara, que me dejara investigar. Desde entonces ya no me contesta las llamadas”, denuncia. 

Sánchez no pudo cumplir una de las encomiendas que le hizo su esposo en la carta: encontrar videos de las cámaras de seguridad cercanas a aquella cancha. El dueño de un negocio le dijo que alguien había acudido a destruir las grabaciones y que tenía miedo de hablar. 

Esta mujer se siente atrapada en un laberinto, enfrentada a un sistema que desconoce y a 3.000 kilómetros de distancia. “Le diría al Gobierno de México que revise el caso de mi esposo, que lo dejen libre. Lo que se le acusa no es cierto”, afirma ella. “Que se haga una investigación. Él ha vivido más tiempo aquí, en California, que allá en México”, concluye. 

Con información de Isaías Alvarado y Andrés Rodríguez/Diario EL PAÍS 

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