Internacional

Trump urge a México arrestar y enjuiciar a funcionarios que colaboran con cárteles

Estados Unidos mantuvo a México dentro de su relación de países considerados de tránsito importante de drogas o de producción ilícita de estupefacientes para el año fiscal 2027, una clasificación que incluye a 23 naciones y que, de acuerdo con el propio documento presidencial, no implica por sí misma una evaluación negativa sobre los esfuerzos antidrogas de sus gobiernos. 

La determinación presidencial fue presentada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2026 y publicada al día siguiente. En ella aparecen, además de México, países como China, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Panamá, Perú, Venezuela, Bolivia y Costa Rica, entre otros.

El documento, firmado por el presidente Donald Trump, adquiere relevancia en la relación bilateral porque, aunque mantiene a México dentro de esta clasificación, también reconoce acciones emprendidas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de decomisos, destrucción de laboratorios clandestinos y despliegue de fuerzas de seguridad. 

La determinación señala que el gobierno estadounidense reconoce que México ha incrementado los decomisos de drogas, ha desmantelado laboratorios clandestinos y ha desplegado recursos adicionales de seguridad y fuerzas militares en la frontera compartida. 

También afirma que la cooperación de seguridad entre ambos países contribuyó a la eliminación de algunos de los principales líderes del crimen organizado, aunque el documento sostiene que México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones criminales que, según la administración estadounidense, mantienen presencia en amplias zonas del territorio mexicano. 

Entre las acciones que Washington plantea como necesarias está reforzar la seguridad de las cadenas de suministro, aumentar las inspecciones en los puertos de entrada y ampliar las capacidades de las instituciones mexicanas encargadas de combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. 

El documento también reclama mayores esfuerzos para investigar y procesar a funcionarios públicos que, según las autoridades estadounidenses, hayan colaborado con organizaciones criminales. Esta afirmación corresponde a la posición expresada por la administración estadounidense en la determinación y no constituye por sí misma una acusación judicial contra funcionarios mexicanos específicos

Uno de los elementos centrales del documento es la precisión de que aparecer en la lista no significa necesariamente que el gobierno del país incluido esté incumpliendo sus obligaciones antidrogas. 

La propia determinación establece que la inclusión responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o sustancias precursoras, incluso cuando un gobierno desarrolla medidas de control y aplicación de la ley. 

Por separado, el presidente estadounidense designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que, durante los 12 meses anteriores, habían fallado de manera demostrable en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir compromisos internacionales de control de drogas. México no aparece dentro de ese grupo. 

La diferencia es relevante porque la llamada “lista de países de tránsito o producción” funciona como una clasificación amplia de países vinculados por condiciones geográficas, comerciales o económicas con los flujos internacionales de drogas, mientras que la segunda categoría implica una valoración específica sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones antidrogas. 

La determinación se produce en un contexto de presión estadounidense sobre México para incrementar las acciones contra el tráfico de fentanilo, drogas sintéticas, precursores químicos, organizaciones criminales y sus redes financieras.

La administración estadounidense sostiene que los flujos de drogas hacia su territorio constituyen una amenaza para su seguridad y plantea que México debe ampliar sus acciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Al mismo tiempo, el documento reconoce avances mexicanos en decomisos, destrucción de laboratorios y despliegue de personal de seguridad. 

La posición estadounidense forma parte de una estrategia más amplia que también responsabiliza a otros países por los flujos de drogas y sustancias precursoras. En el caso de China, por ejemplo, Washington reclama mayores controles sobre los precursores utilizados para fabricar fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas. 

La Casa Blanca ya había utilizado en años anteriores esta clasificación para identificar a los países considerados relevantes dentro de las rutas internacionales de drogas. En 2025, por ejemplo, México también apareció en la lista correspondiente al ejercicio fiscal 2026. 

La permanencia de México en la relación para 2027 no representa, por sí misma, una declaración de que el gobierno mexicano haya incumplido sus compromisos internacionales contra las drogas. 

El propio documento establece esa distinción y reserva la categoría de incumplimiento demostrado para cuatro países: Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. 

Sin embargo, la determinación sí refleja las prioridades de Washington en materia de seguridad y narcotráfico: mayor control de las cadenas logísticas, vigilancia de puertos de entrada, combate a las finanzas criminales, desmantelamiento de organizaciones de tráfico de drogas y persecución de quienes faciliten sus operaciones.

Con información de Debate 

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