Julieta Ramírez enfrenta señalamientos de EU en plena disputa por Baja California
La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quedó en el centro de una nueva controversia política luego de que N+ Focus reportó que autoridades de Estados Unidos mantienen una investigación en su contra y que existirían conversaciones para que proporcione información al Departamento de Justicia estadounidense.
El señalamiento ocurre mientras Ramírez busca convertirse en candidata de Morena a la gubernatura de Baja California en las elecciones de 2027, por lo que el caso adquiere una dimensión política dentro de la disputa interna del partido.
De acuerdo con el reporte periodístico, la legisladora con licencia aparece relacionada con un proffer agreement, mecanismo mediante el cual una persona investigada puede reunirse con fiscales y proporcionar información para que las autoridades determinen si existe algún beneficio procesal.
N+ Focus aseguró haber tenido acceso a un documento relacionado con la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego.
Según el contenido difundido, Ramírez habría aceptado participar en una reunión con fiscales federales y agentes estadounidenses para determinar si podía proporcionar información considerada confiable.
El documento también establecería que cualquier posible beneficio quedaría sujeto a la decisión de la fiscalía, después de que la información fuera entregada. Además, contempla compromisos relacionados con no incurrir en perjurio ni obstruir la justicia.
Sin embargo, el reporte difundido públicamente no precisa qué delito o delitos serían materia de la investigación contra la senadora con licencia.
Este punto resulta relevante porque, hasta ahora, la información disponible describe un supuesto proceso de acercamiento con autoridades estadounidenses, pero no establece públicamente una acusación penal formal ni una condena contra Ramírez.
La senadora con licencia reaccionó públicamente al reportaje y rechazó los señalamientos.
A través de sus redes sociales calificó la información como un nuevo episodio de una supuesta campaña en su contra y cuestionó la existencia del documento que demostraría que busca convertirse en testigo colaborador.
Posteriormente, en declaraciones retomadas por medios nacionales, Ramírez negó tener un acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses y calificó la información como una “farsa”.
La respuesta coloca el caso en una disputa de versiones: por un lado, N+ sostiene que tuvo acceso a documentación relacionada con un posible acuerdo; por otro, la legisladora exige que se presente un documento firmado que acredite que aceptó convertirse en testigo colaborador.
Hasta el momento, el tema permanece en el terreno de los señalamientos periodísticos y las declaraciones públicas de las partes.
El momento político en el que surge el reporte resulta especialmente significativo.
Ramírez solicitó licencia al Senado el pasado 17 de junio para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California. En esa contienda interna también participa el exalcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.
La legisladora mantiene además una relación política cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, para quien anteriormente trabajó como secretaria particular en el ayuntamiento de Mexicali.
En paralelo, el proceso interno de Morena en Baja California ya enfrenta acusaciones y disputas por promoción política. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral ordenó a Ramírez retirar propaganda, luego de una denuncia presentada por el PAN por presuntos actos anticipados de campaña.
Así, el señalamiento proveniente de Estados Unidos se suma a un escenario político particularmente competido.
La controversia también ocurre después de que la propia gobernadora Marina del Pilar reconociera haber buscado cooperar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de las versiones relacionadas con su situación migratoria.
Por ahora, Julieta Ramírez mantiene sus aspiraciones dentro de Morena y niega las acusaciones difundidas en su contra, mientras el reporte de N+ Focus coloca nuevamente la relación entre políticos mexicanos y autoridades estadounidenses en el centro de la agenda pública.
El desarrollo del caso dependerá de la documentación que puedan presentar las partes y de cualquier pronunciamiento oficial que permita establecer con precisión el alcance de la investigación señalada.
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