PAN exige juicio político contra Rocha; PRI pide su detención
La oposición endureció su ofensiva contra Rubén Rocha Moya luego de que el gobernador de Sinaloa solicitara nuevamente licencia al cargo, tras regresar por poco más de un día a la administración estatal.
El Partido Acción Nacional (PAN) pidió avanzar con un juicio político contra Rubén Rocha Moya y planteó incluso la posibilidad de desaparecer los poderes en Sinaloa, al considerar que una nueva licencia no resuelve la crisis política que atraviesa la entidad.
En paralelo, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, elevó el tono y exigió que el gobernador con licencia sea investigado, detenido y, en su caso, entregado a las autoridades estadounidenses.
El nuevo choque político ocurre después de que Rocha Moya retomara sorpresivamente sus funciones como gobernador y, ante la presión generada por su regreso, solicitara nuevamente licencia indefinida. El Congreso de Sinaloa aceptó posteriormente su separación del cargo.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que las licencias solicitadas por Rocha Moya no eliminan los señalamientos que pesan sobre su administración ni resuelven la crisis institucional.
La postura panista busca llevar el caso al terreno legislativo y colocar nuevamente sobre la mesa el juicio político, además de la desaparición de poderes en Sinaloa.
Para la oposición, el problema dejó de limitarse a la permanencia o ausencia temporal del mandatario estatal. El debate ahora se concentra en las investigaciones que involucran a Rocha Moya y en las consecuencias políticas para el gobierno estatal.
El PAN ya había presentado una solicitud formal de juicio político contra el gobernador y había planteado acciones adicionales contra funcionarios vinculados al caso.
Desde el PRI, Alejandro Moreno exigió una respuesta más contundente de las autoridades federales.
El dirigente priista sostuvo que Rocha Moya debe enfrentar las investigaciones por los presuntos vínculos con el crimen organizado y reclamó que sea puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
La exigencia se produce mientras continúan las acusaciones formuladas por fiscales estadounidenses contra el mandatario sinaloense, quien ha rechazado los señalamientos y sostiene que tienen una motivación política.
El caso también ha adquirido una dimensión internacional. Las acusaciones de Estados Unidos señalan presuntos acuerdos entre Rocha y una facción del Cártel de Sinaloa, aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha sostenido que no existen elementos suficientes para aceptar una extradición y mantiene abierta la vía de las investigaciones en México.
La nueva licencia modificó nuevamente el escenario político de Sinaloa.
Rocha Moya regresó al cargo el 21 de agosto, después de más de tres meses separado de sus funciones. Su reincorporación provocó críticas de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó que una decisión de carácter personal pudiera anteponerse al interés nacional.
La presión política aumentó durante las siguientes horas hasta desembocar en una nueva solicitud de licencia.
Con ello, el conflicto deja una pregunta abierta para el Congreso y para el gobierno federal: cómo atender las investigaciones y la crisis institucional en Sinaloa sin convertir el caso Rocha en un nuevo frente de confrontación política entre Morena y la oposición.
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