Grecia Quiroz respalda freno a Rocha Moya y exige la misma vara política
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al intento de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa y pidió que las autoridades apliquen los mismos criterios a todos los políticos señalados por posibles vínculos con la delincuencia.
El pronunciamiento ocurre después de la breve reincorporación de Rocha Moya al Ejecutivo sinaloense y su posterior solicitud de una nueva licencia. El episodio abrió un nuevo frente político dentro de Morena y generó cuestionamientos sobre la forma en que se toman decisiones relacionadas con funcionarios bajo escrutinio.
La posición de Quiroz coloca el caso de Sinaloa dentro de una discusión más amplia sobre la responsabilidad política de servidores públicos señalados por posibles nexos con grupos criminales.
La alcaldesa ha mantenido previamente una postura crítica respecto a la protección otorgada a Rocha Moya. En mayo pasado cuestionó que el gobernador sinaloense contara con seguridad especial mientras recordó que su esposo, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, no recibió una protección que, a su juicio, pudo haber cambiado el desenlace de su caso.
Ahora, su mensaje vuelve a colocar sobre la mesa el principio de igualdad ante las instituciones: si existen señalamientos contra funcionarios de distintos partidos o corrientes políticas, sostuvo, la actuación de las autoridades no debería depender de quién ocupa el cargo ni de la fuerza política que lo respalda.
Rocha Moya había permanecido 112 días separado de la gubernatura antes de anunciar su reincorporación. Su regreso, sin embargo, no tuvo el respaldo político esperado.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no consideraba pertinente su reincorporación y reconoció que no sabía que el mandatario planeaba regresar. Posteriormente, Rocha volvió a solicitar licencia.
El episodio también generó cuestionamientos dentro de Morena, donde distintas voces plantearon la necesidad de evitar una confrontación política mayor alrededor del gobernador sinaloense.
Para Quiroz, el caso representa además una oportunidad para discutir cuáles deben ser los límites y responsabilidades de quienes ejercen cargos públicos cuando existen señalamientos relacionados con la delincuencia organizada.
El posicionamiento de la alcaldesa de Uruapan también tiene una lectura política rumbo al proceso electoral de 2027. Quiroz ha ganado presencia nacional a partir de su administración y de la continuidad del movimiento ciudadano surgido tras el asesinato de Carlos Manzo.
En paralelo, Movimiento Ciudadano ha mostrado respaldo público al movimiento independiente de Uruapan, aunque sus dirigentes han señalado que deben respetarse los tiempos legales del proceso electoral.
Por ahora, la discusión alrededor de Rocha Moya vuelve a poner en el centro el uso de criterios institucionales frente a políticos señalados por posibles vínculos criminales. La exigencia de Quiroz apunta precisamente a que esos criterios sean uniformes y que la respuesta de las autoridades no dependa de filiaciones partidistas.
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