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Guanajuato llega a una coyuntura distinta en materia de seguridad, toda vez que, su promedio diario de homicidios dolosos cayó de 12.7 casos en febrero de 2025 a 3.1 durante julio de 2026, lo que representa una disminución de 76%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El dato modifica el escenario que enfrentaba la entidad hace 17 meses, pero también abre una discusión de carácter institucional: cómo transformar una reducción significativa de la violencia en una política de seguridad capaz de sostener resultados en el largo plazo.
La evolución de los indicadores coloca a las autoridades ante una nueva etapa en la que la permanencia de los resultados será tan relevante como la reducción alcanzada.
Entre los principales factores para consolidar tal tendencia destacan:
Ante ello, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, presentó las cifras correspondientes a julio, periodo que se ubicó entre los de menor incidencia de homicidios registrados en los últimos años para la entidad.
La transformación de las estrategias de seguridad también pasa por la capacidad de las instituciones para convertir información dispersa en inteligencia operativa.
Los sistemas de videovigilancia permiten detectar acontecimientos mientras suceden y canalizar información hacia las unidades correspondientes.
A su vez, los C5i pueden recurrir a registros de matrículas y trayectorias para contribuir al seguimiento de vehículos relacionados con posibles hechos delictivos.
La información procedente del 911 y de las denuncias anónimas puede complementarse con patrones territoriales.
El cruce de estos elementos permite determinar dónde se concentra la incidencia y orientar el despliegue de las corporaciones.
La relevancia política de dicho cambio radica en la transición de un modelo predominantemente reactivo hacia uno que busca anticipar riesgos mediante información.
La caída de 76% constituye un cambio considerable en los indicadores de Guanajuato, pero no elimina el desafío de seguridad.
La siguiente etapa exigirá que las instituciones mantengan capacidades de inteligencia, tecnología, coordinación y operación.
El objetivo será evitar que la disminución observada entre febrero de 2025 y julio de 2026 sea un episodio aislado y convertirla en una tendencia estable.
En términos políticos, el reto será demostrar que la reducción puede sostenerse más allá de un periodo específico y que las herramientas institucionales construidas durante esta etapa tienen capacidad para responder ante posibles cambios en el comportamiento delictivo.
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