La investigación sobre el caso Ayotzinapa registró uno de sus avances más relevantes con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber ordenado el ocultamiento de evidencia clave relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014.
Nuevos testimonios fortalecieron la investigación
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, dos testigos protegidos aportaron información determinante durante 2026 para reconstruir lo sucedido con las videograbaciones captadas la noche del 26 de septiembre en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Uno de los colaboradores declaró en enero que las grabaciones sí existían y que fueron retiradas deliberadamente, pese a que durante años se sostuvo que nunca estuvieron disponibles debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia.
Además, identificó a la persona encargada de sustraer el material y entregarlo al entonces mandatario estatal.
Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN
— FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026
Fiscalía acusa una operación para ocultar pruebas
Meses después, un segundo testigo reforzó esa versión al asegurar que Ángel Aguirre instruyó a integrantes de su administración a desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos registrados aquella noche.
Según la Fiscalía, los elementos recabados permiten sostener que el ocultamiento de los videos no fue consecuencia de errores administrativos, sino de una acción planeada desde altos niveles del gobierno estatal con el propósito de obstaculizar las investigaciones.
Orden de aprehensión por desaparición forzada
Con base en las pruebas reunidas, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
El mandamiento judicial fue ejecutado este jueves en el Estado de México.
La FGR aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente el caso Ayotzinapa y reiteró su compromiso de mantener informadas a las familias de los estudiantes, al tiempo que afirmó que ninguna conducta encaminada a favorecer la impunidad quedará sin ser investigada.
