Maduro y Alex Saab deberán pagar millonaria indemnización a tres estadounidenses
Un tribunal federal de Miami ordenó al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, al empresario colombiano Alex Saab y a otros exfuncionarios venezolanos pagar una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas en Venezuela. La resolución representa uno de los fallos civiles más relevantes emitidos por la justicia estadounidense en un caso relacionado con presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al antiguo régimen venezolano.
La sentencia fue emitida por el juez federal Darrin P. Gayles, luego de que los demandados no respondieran a la demanda presentada en 2025, lo que derivó en un fallo por rebeldía.
Los beneficiarios de la resolución son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, quienes permanecieron encarcelados en Venezuela hasta diciembre de 2023, cuando recuperaron su libertad mediante un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas que incluyó la liberación de Alex Saab.
De acuerdo con los documentos judiciales, los tres estadounidenses fueron acusados de espionaje y utilizados como mecanismo de presión política durante las negociaciones entre ambos gobiernos.
En la demanda describieron haber sufrido golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, amenazas y otras formas de maltrato físico y psicológico durante su cautiverio.
El juez concluyó que las pruebas presentadas acreditan actos que encuadran dentro de la legislación estadounidense contra el terrorismo internacional, además de considerar la existencia de un patrón de actuación coordinado entre funcionarios venezolanos.
La resolución fija una compensación total de 314 millones de dólares, monto calculado con base en el tiempo que las víctimas permanecieron privadas de su libertad y en los daños físicos y emocionales ocasionados por las agresiones denunciadas.
Especialistas citados por medios estadounidenses consideran que se trata de una de las indemnizaciones más altas otorgadas por tribunales de Estados Unidos en favor de ciudadanos detenidos ilegalmente en el extranjero bajo este tipo de legislación.
Aunque obtener el pago efectivo podría representar un desafío legal, el fallo fortalece la estrategia de las víctimas para buscar el embargo de activos vinculados a los responsables en territorio estadounidense o bajo jurisdicción internacional.
La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio internacional a figuras centrales del antiguo gobierno venezolano y se suma a otros procesos abiertos en tribunales estadounidenses relacionados con presuntos delitos de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.
Además del impacto económico, la sentencia incrementa la presión política y jurídica sobre quienes fueron señalados en la demanda, al establecer responsabilidad civil por los abusos denunciados durante la detención de los tres ciudadanos estadounidenses.
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