La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, intensificó sus críticas contra el Gobierno federal al asegurar que la protección política brindada a Rubén Rocha Moya ya comenzó a generar consecuencias económicas para el país. La mandataria afirmó que la incertidumbre jurídica derivada de este caso está afectando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y advirtió que México ya enfrenta los primeros costos de esa situación.
Señala impacto en la confianza para invertir
A través de un videomensaje difundido en sus redes sociales, Campos sostuvo que la decisión de las autoridades federales de no actuar contra el exgobernador de Sinaloa, pese a los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, envía un mensaje negativo sobre el Estado de derecho en México.
Según la gobernadora, esa percepción debilita el entorno para la inversión, especialmente en sectores vinculados con la manufactura y la exportación, donde la certeza jurídica representa uno de los principales factores para atraer capital.
En ese contexto, aseguró que la revisión anual a la que quedará sujeto el T-MEC incrementa la incertidumbre entre empresas que evalúan invertir o ampliar operaciones en territorio mexicano.
«Ya llegó la primera factura»
Como ejemplo de las consecuencias económicas, Maru Campos señaló el anuncio del traslado de parte de la producción de Toyota desde Tijuana hacia Texas, hecho que calificó como la primera evidencia de la pérdida de confianza de inversionistas.
La mandataria panista argumentó que cuando las instituciones generan dudas sobre la aplicación de la ley, el capital busca destinos con mayor estabilidad y reglas claras para la inversión. En ese sentido, afirmó que México enfrenta riesgos de perder competitividad frente a otros mercados.
Exige investigar el caso Rocha Moya
Durante su posicionamiento, Campos insistió en que las autoridades federales deben investigar a Rubén Rocha Moya y evitar cualquier percepción de protección política.
Además, cuestionó que, a su juicio, el Gobierno federal privilegie la defensa de integrantes de Morena sobre el fortalecimiento del Estado de derecho, lo que —afirmó— deteriora la confianza de empresarios y genera incertidumbre para el desarrollo económico del país.
La gobernadora reiteró su llamado para que los funcionarios señalados enfrenten las investigaciones correspondientes y sostuvo que la certeza jurídica será determinante para mantener la competitividad de México en un escenario internacional cada vez más exigente.
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