Mientras desde Palacio Nacional y las oficinas gubernamentales se insiste en hablar de «diálogo permanente» y «puertas abiertas», en las calles de la Ciudad de México la respuesta del Estado hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido la misma de siempre: policías, retenes, vigilancia, hostigamiento y provocación, publica la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en sus redes sociales.
La CNTE argumenta queb ajo la conducción política de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, se desplegó un operativo policial que lejos de contribuir a la distensión del conflicto, representa una abierta estrategia de confrontación contra el magisterio democrático que mantiene una jornada de lucha legítima por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, pensiones dignas y derechos laborales.
La pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente este gobierno?
“Porque para los trabajadores que exigen justicia social hay cercos, revisiones, bloqueos y cientos de elementos policiacos. Pero para los responsables del saqueo de los fondos de pensiones, para los grupos financieros que administran miles de millones de pesos mediante las Afores, para los banqueros que han convertido el retiro de los trabajadores en un negocio multimillonario, no existe ni un solo operativo”.
Asevera que los maestros que llegan a la capital para ejercer su derecho constitucional a la protesta son tratados como si fueran una amenaza para la seguridad pública. “Los verdaderos beneficiarios del sistema pensionario privatizado, en cambio, continúan protegidos por el poder político”.
Resulta evidente que el problema no es la movilización magisterial. El problema es que la CNTE ha colocado sobre la mesa una discusión que incomoda a los grandes intereses económicos: el destino de los ahorros de millones de trabajadores y las ganancias extraordinarias obtenidas por el sistema financiero a costa de las pensiones del pueblo, expone.
“Por eso la presencia policiaca no puede entenderse como un asunto administrativo o de seguridad. Es un mensaje político. Un mensaje que contradice el discurso oficial de diálogo y demuestra que cuando los intereses del capital financiero son cuestionados, reaparecen los viejos mecanismos de contención y represión”, condena.
“La historia reciente demuestra que ningún conflicto social se resuelve mediante la intimidación. Los cercos policiacos no sustituyen la justicia. Las patrullas no reemplazan las mesas resolutivas. Los escudos no responden las demandas de quienes han dedicado su vida a la educación pública”.
De esta manera, la “Coordinadora ha reiterado su disposición al diálogo verdadero, aquel que produce soluciones y no simulaciones. Sin embargo, cada despliegue policial, cada retén y cada acto de hostigamiento confirma que el llamado «diálogo de puertas abiertas» se encuentra nuevamente al borde del colapso”.
Si el gobierno realmente pretende construir acuerdos, dice, debe retirar la política de provocación y atender el fondo del conflicto. De lo contrario, quedará claro que las puertas están abiertas únicamente para los banqueros, los administradores de las Afores y los intereses financieros, mientras que para los trabajadores organizados siguen reservándose los operativos, los cercos y la criminalización de la protesta.
“La CNTE no lucha por privilegios. Lucha por derechos. Y cada operativo desplegado contra el magisterio deja una pregunta que el gobierno aún no responde: ¿están gobernando para el pueblo trabajador o para quienes hacen negocio con el futuro de millones de mexicanos?”, concluye.
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